El centro de investigación Fundar advierte que, pese al reconocimiento constitucional de 2024, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 concentra el 69% de los recursos indígenas en Bienestar y Educación, negando la libre administración a las comunidades.
La distancia entre la reforma constitucional y el gasto público
El reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público en la Constitución contrasta con la falta de mecanismos para que administren directamente los fondos federales.
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) proyectado para 2027 contempla 254 mil 961 millones de pesos dentro del Anexo Transversal 10, lo que representa un aumento de 4.4% respecto a 2026. Sin embargo, este incremento no otorga mayor capacidad de decisión a las propias comunidades sobre el destino del dinero.
El análisis elaborado por el centro de investigación Fundar expone que 21 dependencias participan en la aplicación de 95 programas dirigidos a estas poblaciones. Pese a ello, la distribución del gasto revela una concentración extrema en dos secretarías:
- Secretaría de Bienestar: Aporta casi 96 mil millones de pesos, de los cuales cerca de la mitad se destinan a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
- Secretaría de Educación Pública (SEP): Destina alrededor de 80 mil millones de pesos mediante becas y transferencias directas a estudiantes de niveles básico y medio superior.
Esta arquitectura del gasto opera mediante transferencias directas y opacas que, según advierte la investigadora Paulina Castaño, inflan artificialmente los anexos transversales en el discurso oficial sin demostrar beneficios reales ni garantizar la autonomía administrativa de los pueblos.
Recortes drásticos en cultura, medio ambiente y salud
Las dependencias encargadas de preservar la identidad, el patrimonio cultural y la salud de las comunidades sufren reducciones severas en el proyecto presupuestario.
Mientras las secretarías de carácter asistencial concentran la mayor parte de los recursos, otras áreas fundamentales para el desarrollo intercultural e integral enfrentan decrementos profundos en sus aportes al Anexo 10 para el ejercicio fiscal 2027:
| Dependencia o Sector | Variación presupuestaria en el PEF 2027 | Programas o áreas afectadas |
| Secretaría de Relaciones Exteriores | -99.6% | Instrumentos de colaboración y vinculación internacional. |
| Secretaría de Medio Ambiente | -62.0% | Programas de gestión ambiental y territorial comunitaria. |
| Entidades no sectorizadas | -40.4% | Planeación de la acción pública y desarrollo de identidad comercial. |
| Secretaría de Cultura | -37.0% | Patrimonio cultural, lenguas originarias e identidad. |
| Secretaría de Salud | -29.1% | Atención médica especializada y partería tradicional. |
| Secretaría de Economía | -100.0% | Denominaciones de origen e indicaciones geográficas. |
La reducción de 37% en el presupuesto de Cultura resulta contradictoria con los objetivos del propio Anexo 10, dado que la lengua y el patrimonio forman parte fundamental de los derechos protegidos por la reforma constitucional de 2024. A esto se suma la desaparición total de fondos en Economía para fortalecer denominaciones de origen y la caída del 29.1% en salud, afectando programas como el de partería tradicional.
La insuficiencia del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
El mecanismo principal de administración directa asigna un promedio anual insuficiente para cubrir las necesidades básicas de cada comunidad registrada.
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Faispiam) constituye la vía principal para que los pueblos administren recursos. Este fondo se alimenta del 10% obligatorio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), derivado del Ramo 33.
Para 2027, el FAIS ascenderá a 144 mil 752 millones de pesos, de los cuales el 10% destinado al Faispiam equivaldrá a 14 mil 475 millones de pesos, registrando un incremento nominal de 3.1%. Al distribuir este monto entre las 16 mil 728 comunidades reconocidas en el catálogo del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), el resultado es de 865 mil 323 pesos al año por cada localidad para rubros como caminos y servicios de agua potable.
Fundar señala que este porcentaje no está blindado en la Ley de Coordinación Fiscal, sino cautivo en las negociaciones anuales del Decreto de Presupuesto de Egresos. Por esta razón, la organización jurídica y analítica exige modificar dicha ley para establecer un fondo específico con base permanente y vinculada a la recaudación federal participable, garantizando que la libre determinación presupuestaria no quede sujeta a la discrecionalidad política sexenal.
