La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó el decreto que prohíbe la doble nacionalidad para aspirantes a la presidencia y gubernaturas, exigiendo renunciar a cualquier otra ciudadanía antes del registro ante el INE.
Implicaciones constitucionales del veto a la doble nacionalidad
A partir de 2028, los aspirantes a la jefatura del Estado mexicano y gubernaturas estatales deberán poseer exclusivamente la nacionalidad mexicana.
La administración federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum concretó la promulgación de la normativa que modifica los requisitos de elegibilidad para los máximos cargos de elección popular en el país. El decreto presidencial, ratificado este miércoles durante la conferencia matutina, establece un mandato de exclusividad nacional que transforma las condiciones de postulación para la contienda ejecutiva federal y las administraciones estatales.
La medida surge tras el aval del Congreso y contempla un periodo de vacatio legis de dos años. Su aplicación formal iniciará en 2028, año que marcará el cerrojo definitivo para cualquier ciudadano con vínculos jurídicos plenos en otras naciones que aspire a la titularidad del Ejecutivo federal, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México o las gubernaturas estatales.
El procedimiento ante el Instituto Nacional Electoral
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, detalló que los candidatos con doble nacionalidad deben tramitar la renuncia formal previa al registro electoral.
Durante la presentación del documento oficial, la mandataria estuvo flanqueada por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, funcionaria que también rubricó la disposición legal. Alcalde puntualizó la mecánica procesal que enfrentarán los interesados en postularse a los cargos referidos.
- Requisito indispensable: Contar de manera exclusiva con la nacionalidad mexicana al momento de solicitar el registro formal.
- Obligación de desvinculación: Tramitar la renuncia formal a la nacionalidad extranjera ante las autoridades correspondientes del país de origen y las instancias mexicanas.
- Reglamentación pendiente: El Ejecutivo federal difundirá próximamente el reglamento operativo para normar los trámites específicos ante las agencias nacionales y extranjeras.
La exigencia normativa traslada la carga de la gestión diplomática y civil directamente sobre los aspirantes, quienes deberán acreditar la pérdida de su otra nacionalidad antes de validar su participación con el aval del Instituto Nacional Electoral (INE).
