Por Leslie Gordillo
CANCÚN.- La decisión jurídica del caso ALUX 33 en Puerto Morelos debe ser un precedente para auditar desarrollos en Quintana Roo, señalaron activistas, quienes hicieron énfasis en que este caso destapa un patrón repetitivo de obras en ecosistemas costeros que operan sin Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) federal.
La lista de proyectos clausurados por PROFEPA por carecer de MIA en Puerto Morelos evidencia la dimensión del problema, destacando Inna, Wilma, Musa del Puerto, Uva de Mar, Soulam, Bella Mare y Piedra del Mar. A pesar de las suspensiones por construir sobre suelo frágil, desarrolladores continuaron las obras e incluso obtuvieron licencias estatales emitidas de forma irregular por SEMA. El fallo confirmó que la evaluación de estas áreas corresponde a Semarnat.
«La legislación federal actual define ampliamente los ecosistemas costeros, incluyendo playas, dunas, zonas intermareales y humedales costeros como lagunas, esteros, marismas, pantanos, manglares, petenes, cenotes y selvas inundables, además de arrecifes de coral, pastos marinos y otros ecosistemas vinculados con la zona costera», expuso Araceli Domínguez, representante de Gema del Mayab.
Organizaciones exigieron revisar las licencias costeras en el estado para frenar la edificación desordenada que fragmenta la protección natural ante el cambio climático.
«La protección de los manglares y demás ecosistemas costeros no es un obstáculo al desarrollo. Es una obligación constitucional y legal, y una condición indispensable para que el desarrollo sea verdaderamente sustentable», puntualizó Irma Morales, abogada e integrante de la asociación Defendiendo el Derecho a Un Medio Ambiente Sano (DMAS).
La invalidación a ALUX 33, puntualizaron, debe marcar el fin de la convalidación de obras ilegales en la entidad.
