La propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum, desata un severo rechazo en comunidades originarias, las cuales acusan a la iniciativa de inconstitucionalidad, regresión y de facilitar el despojo territorial a favor de corporaciones.
Radiografía de un quiebre legislativo y territorial
La iniciativa presidencial de ocho libros y 453 artículos condiciona la autonomía comunitaria a un rígido control burocrático y margina los estándares internacionales de consulta.
Organizaciones como el Congreso Nacional Indígena (CNI), el Consejo del Patrimonio Cultural Originario (Copaco) y colectivos regionales exigen que el documento programado para presentarse ante el Congreso de la Unión el 12 de octubre sea declarado nulo. Los inconformes sostienen que el proceso de consulta instrumentado por el Instituto de Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Gobernación (Segob) incumplió los parámetros del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El mapa de la inconformidad documentado por la organización «Indígenas 3D» registra pronunciamientos en 112 comunidades, municipios y regiones. Los colectivos denuncian que la normativa otorga derechos de autonomía bajo una figura tutelar del Estado, exigiendo actas constitutivas, registros ante el INPI y publicaciones en el Diario Oficial de la Federación para reconocer la personalidad jurídica de los pueblos.
Exclusiones estratégicas y mercantilización de recursos
El artículo 33 de la normativa excluye del control comunitario los recursos naturales bajo áreas estratégicas, abriendo la puerta a megaproyectos y minería.
El análisis jurídico detalla que la propuesta gubernamental blinda intereses corporativos y energéticos. El artículo 33 señala que las comunidades dispondrán de sus recursos naturales salvo aquellos catalogados como estratégicos, sin delimitar el alcance de dicha excepción. Asimismo, los artículos 330 al 336 facultan al INPI y a la Segob para determinar la improcedencia de una consulta si evalúan el impacto como «no significativo».
- Control energético: La Manifestación de Impacto Social condiciona el dictamen de las consultas públicas en proyectos de este sector.
- Inconstitucionalidad: El jurista Francisco López Bárcenas advierte que la propuesta restringe derechos de propiedad intelectual colectiva y autonomía ya reconocidos en el Artículo 2 Constitucional.
La «Ley Xcaret» y el riesgo de apropiación cultural
El capítulo VI de la iniciativa legaliza la apropiación cultural y establece mecanismos de tutela paternalista para negociar el patrimonio de las comunidades.
El Copaco ha bautizado el apartado sobre patrimonio cultural y propiedad intelectual como «Ley Xcaret», argumentando que busca contrarrestar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que impide a Grupo Xcaret utilizar elementos de la cultura maya. El artículo 158 estipula que un tercero puede negociar el uso comercial de elementos patrimoniales directamente con la Secretaría de Cultura y el INPI en un plazo de 30 días hábiles, dejando a la comunidad un margen idéntico para emitir su consentimiento bajo un tabulador fijado por la autoridad.
Adicionalmente, el artículo 159 exime de la exigencia de consentimiento cuando el elemento cultural se emplee en obras originales con aportación creativa, tradiciones comunes o investigaciones científicas. Las agrupaciones alertan que esta redacción constituye la rendija legal para el acceso de farmacéuticas a la medicina tradicional y para la operación impune de marcas de moda extranjeras que plagian textiles e iconografías nacionales.
Simulación institucional y protestas en las regiones
La etapa informativa de la consulta desplegó una visita acelerada a 16 mil 728 comunidades en 37 días, derivando en boicots y rechazos asamblearios.
El diseño operativo de la consulta acumuló críticas por su premura, promediando 440 comunidades visitadas por día. Representantes como Raymundo García López, de Serranos Unidos en Resistencia Indígena (SURI), y Ángel López Pérez, de Unitona, documentaron que los materiales informativos se distribuyeron únicamente entre autoridades municipales y comisariados ajenos a las asambleas comunitarias, registrándose además la presencia de personas acarreadas en las 82 asambleas regionales.
El descontento escaló a acciones directas de bloqueo institucional. Comunidades de Pátzcuaro, Cherán, Milpa Alta a través del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac, y Oaxaca con San Miguel y Santa María Chimalapa, impidieron la realización de sedes regionales. Paralelamente, la asociación «México Negro» promovió un amparo por la exclusión de entidades con población afromexicana como Zacatecas, Tamaulipas y Aguascalientes, mientras que el CRAADET advirtió la omisión de la territorialización impuesta por el crimen organizado en las regiones Mè’phàà y Na Savi.
