El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 21 operadores y 25 empresas de la facción de Ismael Zambada Sicairos, incluyendo a exfuncionarios mexicanos vinculados por presuntos sobornos y tráfico de precursores químicos.
El entramado financiero y la red de complicidades políticas
El Departamento del Tesoro estadounidense designó a Carlos Alberto Torres Torres y a Rafael Buenrostro Martín por brindar favores políticos e influencias al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos.
El 29 de septiembre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) actualizó las sanciones contra la facción del Cártel de Sinaloa operada por Ismael Zambada Sicairos, conocido como Mayito Flaco. Dentro de las designaciones figura Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Junto a Torres Torres, la autoridad estadounidense incluyó a Rafael Buenrostro Martín, quien se desempeñó como exjefe de aduanas de Ciudad Juárez y asesor legislativo del gobierno de Baja California. La investigación de Estados Unidos señala a Buenrostro Martín como un conocido de Torres Torres y «amigo cercano» de José Ángel Rivera Zazueta, identificado como El Flaco.
De acuerdo con el reporte oficial, Buenrostro facilitó favores políticos y utilizó sus influencias para impulsar las operaciones del grupo criminal dirigido por Rivera Zazueta, recibiendo sobornos a cambio. Las sanciones también alcanzaron a la estructura empresarial utilizada para el lavado de dinero y las operaciones ilícitas:
| Empresa / Entidad | Ubicación | Objeto Social / Actividad Ilícita | Accionistas / Representantes |
| Mia Centro Cambiario, SA de CV | Mexicali, Baja California | Casa de cambio / Lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa | José Ángel Rivera Zazueta (apoderado) y Miriam Anahid Ramos Santana (administradora única) |
| Rivos Servicios, SA de CV | Culiacán, Sinaloa | Transporte empresarial, ejecutivo, turístico, carga y consultoría | José Ángel Rivera Zazueta y Alejandro Ríos Loaiza (administrador único) |
| Shanghai Fast-Fine Chemicals | China | Transporte de productos químicos con etiquetas falsas | Empresa externa designada por la OFAC |
Operaciones globales de tráfico de drogas sintéticas
José Ángel Rivera Zazueta encabeza una red global de importación de precursores químicos desde China para la producción masiva de fentanilo y metanfetaminas.
Las indagatorias del gobierno estadounidense detallan que José Ángel Rivera Zazueta opera una red con nodos en Estados Unidos, México, Sudamérica, Centroamérica, Europa, Asia, África y Australia. Su función principal consiste en la importación de precursores químicos provenientes de China con destino a territorio mexicano, insumos indispensables para la fabricación de drogas sintéticas.
El esquema logístico se sostiene mediante la colaboración con Shanghai Fast-Fine Chemicals, una empresa china sancionada por la OFAC que despacha precursores químicos utilizando etiquetado falso hacia organizaciones de narcotráfico en México. Los narcóticos resultantes de este proceso incluyen:
- Fentanilo: Destinado de manera prioritaria al mercado de consumo en Estados Unidos.
- Drogas sintéticas adicionales: MDMA (éxtasis), metanfetamina cristalina, 2C-B y ketamina.
- Cocaína: Transporte de grandes cargamentos desde Colombia hacia Estados Unidos, España, Italia, Guatemala, México y diversas naciones de Europa y Centroamérica.
Adicionalmente, la OFAC identificó a Diosvany Samuel Chapotin Villalba como socio operativo de Rivera Zazueta. Chapotin Villalba coordina el tráfico de cocaína y metanfetamina, fungiendo como lavador de dinero mediante cuentas bancarias comerciales en Estados Unidos y transacciones con criptomonedas para retornar los fondos ilícitos a México.
La captura en la Ciudad de México y la disputa legal por la extradición
La defensa de José Ángel Rivera Zazueta interpuso demandas de amparo para frenar una posible entrega exprés a Estados Unidos, denunciando presuntas violaciones a sus derechos humanos.
La detención de El Flaco se concretó el pasado 22 de septiembre de 2026 en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, en cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición. Tras su captura, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la puesta a disposición del detenido ante un juez de control.
Paralelamente, los representantes legales de Rivera Zazueta activaron recursos jurídicos ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en materia Penal y el Juzgado Noveno de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México. Los argumentos presentados por la defensa denuncian:
- Incomunicación y desaparición forzada: Acusación de que el detenido no ha podido establecer contacto con su equipo legal particular desde su aprehensión el 22 de septiembre.
- Imposición de defensa pública: La Fiscalía General de la República (FGR) asignó un defensor de oficio a pesar de tener conocimiento previo de que el imputado contaba con asesoría legal privada desde 2023.
- Riesgo de extradición exprés: La defensa reconoce la posibilidad de que el gobierno federal ejecute una entrega inmediata bajo argumentos de seguridad nacional, un procedimiento aplicado en precedentes por la administración de Claudia Sheinbaum.
El tratado de extradición vigente entre México y Estados Unidos estipula la obligación ineludible de salvaguardar los derechos humanos de los reclamados, un principio que el equipo legal busca hacer valer para reponer el procedimiento y permitir la intervención de los abogados particulares en el juicio de extradición.
