Human Rights Watch exigió a los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador transparentar la base legal de las operaciones que destruyeron ocho barcos pesqueros ecuatorianos en el océano Pacífico, tras la detención de 140 tripulantes sin pruebas sólidas.
Interceptaciones y destrucción de embarcaciones en el Pacífico
Fuerzas estadounidenses destruyeron ocho pesqueros y detuvieron a 140 tripulantes entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre, mientras la Armada ecuatoriana rescató a otros 20.
Las operaciones militares ejecutadas en aguas del océano Pacífico abren un frente de cuestionamientos jurídicos sobre los protocolos aplicados por Washington y Quito. Según los registros de la organización internacional, el despliegue dejó el siguiente saldo operativo:
- Embarcaciones destruidas: Ocho pesqueros ecuatorianos neutralizados entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre.
- Tripulantes totales: 160 personas involucradas en las operaciones de interceptación.
- Detenidos por Estados Unidos: 140 pescadores interceptados en altamar.
- Rescates: 20 tripulantes rescatados posteriormente por efectivos de la Armada ecuatoriana.
La falta de transparencia en la ejecución de estas medidas coercitivas desata una controversia institucional sobre el respeto al debido proceso en alta mar.
Situación jurídica de los tripulantes y denuncias de abuso
Noventa pescadores enfrentan investigaciones penales, 14 no fueron presentados ante un juez y se reportan agresiones físicas y coacción para firmar documentos sin traductores ni asesoría.
El desglose judicial posterior a las detenciones evidencia disparidad en el tratamiento de los ciudadanos ecuatorianos por parte de las autoridades competentes. Del total de 140 capturados por las fuerzas extranjeras:
- Procesados penalmente: 90 individuos sujetos a investigación por la justicia.
- Vacío procesal: 14 detenidos que omitieron su presentación formal ante un juez.
- Liberados: El remanente de los 140 tripulantes que recuperó su libertad tras las indagaciones preliminares.
Paralelamente, las testimoniales documentadas por la organización humanitaria revelan vulneraciones a los derechos fundamentales. Testigos señalaron haber sufrido agresiones físicas y amenazas coactivas destinadas a fabricar confesiones sobre supuesto tráfico de combustible, además de la imposición de firmas en documentos incomprensibles para los afectados.
Posturas oficiales y el vínculo con el grupo criminal los choneros
El Comando Sur defiende las operaciones como presión a redes narcoterroristas, mientras Human Rights Watch cuestiona la legalidad de destruir bienes sin evidencias verificables.
| Actor Institucional | Posición Oficial / Declaración | Justificación Operativa |
| Comando Sur de Estados Unidos | Actuación conforme a las leyes | Ejerce presión contra narcoterroristas para desmantelar redes logísticas y financieras. |
| General Francis L. Donovan | Presión implacable en el mar | Interrumpe la logística sofisticada de grupos criminales asociados al narcotráfico. |
| Human Rights Watch (Juanita Goebertus) | Crítica a los métodos de fuerza | Detener personas y destruir bienes sin evidencia viola los estándares legales, pese al combate criminal. |
Washington sostiene que los pesqueros operaban como estaciones flotantes de reabastecimiento para el tráfico de drogas del grupo criminal «Los Choneros», vinculado a cárteles de México y Colombia. Sin embargo, la organización humanitaria recalca que las administraciones involucradas omitieron la presentación de pruebas materiales que vinculen de manera individual a los tripulantes con actividades ilícitas.
A estos hechos se suman tres embarcaciones interceptadas a inicios de año y la desaparición sin resolver de los ocho tripulantes del pesquero “Fiorella” desde enero, un caso que mantiene abiertas las demandas de rendición de cuentas ante el Ministerio de Defensa de Ecuador.
