El Estado mexicano reconoció por primera vez, mediante una investigación de la Fiscalía Militar, que la Brigada Blanca operó sin sustento legal, utilizando el Campo Militar #1 y centros clandestinos para ejecuciones extrajudiciales.
El reconocimiento oficial de la violencia estatal
- La investigación militar de 118 páginas detalla que la Brigada Blanca carecía de sustento legal y perpetró detenciones y cateos ilícitos.
La investigación contenida en 32 carpetas y 16 anexos revela que la llamada Guerra Sucia en las décadas de 1970 y 1980 estuvo plagada de violaciones graves a los derechos humanos. El pliego de consignación de la Fiscalía Militar detalla que el grupo paramilitar operó al margen de la ley mediante centros clandestinos de detención ubicados en el Campo Militar #1 en la Ciudad de México y la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta en Guerrero.
| Instalación Castrense | Utilización durante la Guerra Sucia | Destino de Víctimas |
| Campo Militar #1 | Detenciones, interrogatorios y reclusiones ilegales | Reclusión y tortura |
| Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta | Interrogatorios y ejecuciones extrajudiciales | Traslado a la BAM #7 para vuelos |
| Base Aérea Militar #7 | Centro de operaciones de los «vuelos de la muerte» | Océano Pacífico |
Las tácticas documentadas incluyen ejecuciones a sangre fría de hombres y mujeres cuyos cuerpos eran «encostalados», subidos a aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y arrojados a las profundidades del Océano Pacífico para borrar cualquier rastro delictivo.
La arquitectura operativa de los vuelos de la muerte
- El general secretario Hermenegildo Cuenca Díaz firmó personalmente la aprobación de las operaciones y el pago de sobresueldos a las tripulaciones.
El andamiaje de exterminio contó con el aval de la cúpula castrense. El 28 de agosto de 1974, el entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Hermenegildo Cuenca Díaz, estampó su firma con la leyenda “APROBADO” en un oficio enviado por el comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, el general de ala Roberto Salido Beltrán.
El documento ordenaba destacar tripulaciones en la Base Aérea Militar #7 para operar aviones Arava y establecía el pago de un sobresueldo a los capitanes Carlos González Gómez, Bernardo Huicochea Alonso, Ángel Salazar Trejo y Edgar Javier Sarabia Alanís, así como a los subtenientes Margarito Monroy Candia y Juan Manuel Díaz Osorio. El primer vuelo registrado de esta naturaleza despegó el 6 de septiembre de 1974.
El blindaje institucional y la cúpula militar
- La Fiscalía Militar limitó la responsabilidad penal a tres mandos medios para exonerar a la Secretaría de la Defensa Nacional y a los altos mandos.
A pesar de la magnitud de la estrategia contrainsurgente, el Ministerio Público Militar concentró la acción penal en tres elementos: los generales Francisco Quirós Hermosillo y Mario Acosta Chaparro, además del mayor Francisco Javier Barquín Alonso. Con esta delimitación se configuró un cerco jurídico para eximir al titular de la Sedena, a los jefes de Estado Mayor y a la institución armada.
Durante su proceso ante el Consejo de Guerra en noviembre de 2002, el general Quirós Hermosillo advirtió sobre la cadena de mando superior y lanzó una advertencia directa ante los jueces militares respecto a los altos mandos y presidentes que emitieron las órdenes: «Si hablo, provocaré una crisis de seguridad nacional». La investigación cerró sin finiquitar el paradero de los restos de las víctimas ni fincar responsabilidades más allá de los mandos directos de la Brigada Especial.
