La Fiscalía General de la República mantiene gestiones con el Poder Judicial de Israel para extraditar a Tomás Zerón, un proceso obstaculizado por la ausencia de un acuerdo bilateral entre ambas naciones y los tiempos judiciales locales.
Gestiones diplomáticas y judiciales sin aceleración
El gobierno federal reconoce que la solicitud de retorno del exfuncionario enfrenta trabas procesales que impiden una resolución inmediata pese a los reclamos de los familiares.
La presidenta Claudia Sheinbaum admitió públicamente que las diligencias para traer a México a Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), no avanzan a la velocidad requerida. Desde Palacio Nacional, la mandataria calificó el caso como una herida abierta para el país y señaló que los trámites legales internacionales operan con lentitud.
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene comunicación directa con el Poder Judicial de Israel para presionar la repatriación de Zerón, quien reside en territorio israelí desde 2019. Sin embargo, el marco diplomático carece de un tratado bilateral de extradición, lo cual subordina el resultado a los procedimientos internos del Estado receptor.
Intervención presidencial directa ante el Estado israelí
La titular del Ejecutivo federal envió una misiva a Isaac Herzog, obteniendo como respuesta que el asunto excede las facultades del presidente de Israel.
Ante el estancamiento institucional, la administración federal elevó el nivel de interlocución diplomática. Al inicio de su mandato, Sheinbaum remitió una carta formal al presidente de Israel, Isaac Herzog, para demandar su intervención en el caso.
La respuesta oficial de la cancillería y la presidencia israelí delimitó las competencias del poder ejecutivo de ese país. Herzog notificó que expuso el expediente ante los tribunales locales, pero aclaró que la decisión final corresponde estrictamente al poder judicial, apartándose de sus atribuciones constitucionales. Por este motivo, la vía de presión recae de manera exclusiva en las coordinaciones técnicas que mantiene la FGR con los jueces israelíes.
Imputaciones por el caso Ayotzinapa y uso de Pegasus
El exdirector de la AIC es requerido por la justicia mexicana debido a su participación en la construcción de la llamada verdad histórica y denuncias de tortura.
Las autoridades ministeriales de México reclaman a Zerón por su responsabilidad penal en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el exfuncionario encabezó la AIC y coordinó las diligencias iniciales que posteriormente fueron desacreditadas por incurrir en irregularidades sistemáticas y actos de tortura contra los detenidos.
Paralelamente, la FGR abrió líneas de investigación adicionales contra Zerón por la contratación irregular del software de espionaje Pegasus durante la administración anterior.
