La Fiscalía General de la República articula una nueva narrativa basada en testimonios criminales para responsabilizar a trabajadores forenses de Iguala por la desaparición de los estudiantes, blindando a las fuerzas castrenses a doce años de la tragedia.
La teoría de las funerarias y el giro de la fiscalía federal
- Testigos protegidos: Gildardo López “El Gil” y Ernesto Ramírez “El Neto”, líderes de Guerreros Unidos, señalan que la incineración de normalistas ocurrió en una funeraria habilitada como Servicio Médico Forense.
- Vínculos procesales: La jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega vinculó a proceso a siete detenidos, incluyendo tres funcionarios públicos acusados de desaparición forzada y uso indebido de la función pública.
- Cúpula judicial: La juzgadora federal llegó al cargo mediante la elección del Poder Judicial de 2025, tras ser postulada por un comité evaluador encabezado por Arturo Zaldívar.
Imposibilidad científica y rechazo de los familiares
- Cuestionamiento técnico: Los familiares y el equipo legal catalogan la hipótesis como un teatro mediático, debido a que el centro forense carecía de horno crematorio en 2014 y las necropsias contaron con resguardo militar.
- Ausencia de evidencias: La carpeta de investigación carece de cuerpos identificados, osamentas, prendas o material videográfico que comprueben la destrucción de evidencias en el inmueble señalado.
- Falsedad informativa: Los representantes legales desmintieron la existencia de veinte bolsas con restos pétreos publicadas en medios nacionales, calificando la filtración como un intento de desviar la atención institucional.
La responsabilidad castrense y la sombra de la impunidad
- Protección a mandos: Los padres de los normalistas denuncian que la administración federal busca limitar las culpas al ámbito local para proteger a exfuncionarios federales de alto rango.
- Exclusión de mandos: La estrategia gubernamental evita investigar la actuación de Omar García Harfuch, entonces coordinador de la Policía Federal en Guerrero, y del exsecretario de la Sedena, Salvador Cienfuegos.
- Participación militar: El análisis de los hechos documenta la presencia directa de elementos del Ejército desde el abordaje inicial de los estudiantes en las unidades de transporte.
Parálisis judicial y ausencia de sentencias tras doce años
- Cero sentencias: El proceso llega al duodécimo aniversario sin ningún responsable condenado judicialmente ni datos certeros sobre el paradero de los cuarenta y tres jóvenes.
- Expedientes inconclusos: Las demandas de los familiares sobre el retorno de expertos independientes, folios castrenses y extradiciones clave continúan sin respuesta efectiva por parte del Estado.
- Acciones pendientes: Las labores de búsqueda en el asentamiento original de la funeraria se mantienen detenidas a la espera de tecnología de georradar.
