Elda Aurora Viñas Herrera, excontralora de Tamaulipas durante la administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, fue declarada culpable de uso ilícito de atribuciones y desempeño irregular de funciones por autorizar pagos ilegales.
El fallo judicial contra la exfuncionaria del régimen anterior
Un tribunal de enjuiciamiento determinó la culpabilidad de la excontralora estatal tras comprobarse el aval de recursos públicos a favor de personal activo dentro de la misma dependencia. La resolución judicial se emitió durante la audiencia de juicio oral celebrada el 15 de septiembre de 2026 en la Ciudad de México.
Los hechos probados ante la autoridad judicial señalan una irregularidad administrativa específica:
- Pago indebido de honorarios: La exfuncionaria autorizó la cantidad de 60 mil pesos a favor de Alejandra Reyes Castillo.
- Conflicto normativo directo: La beneficiaria de los recursos ejercía simultáneamente como directora administrativa en la propia Contraloría Gubernamental.
- Responsabilidad institucional: Viñas Herrera tenía a su cargo la fiscalización, vigilancia y control del erario estatal.
Sanciones previstas y cálculo del daño patrimonial
La autoridad judicial definirá las penas aplicables a la sentenciada durante la audiencia de individualización de sanciones programada para el 22 de septiembre de 2026. La fiscalía estableció el quebranto financiero en 60 mil pesos, monto que operará como base para la reparación del daño.
Las penas contempladas en el marco legal aplicable comprenden los siguientes rangos:
- Uso ilícito de atribuciones y facultades: Prisión de 4 a 10 años, multa de 9 mil a 38 mil pesos e inhabilitación para el servicio público de 4 a 10 años.
- Desempeño de funciones judiciales o administrativas: Condena de 3 a 8 años de prisión y sanción económica de 2 mil a 105 mil pesos.
- Reparación del daño material: Restitución directa del monto distractor calculado por la fiscalía en 60 mil pesos.
El proceso judicial actual se mantiene bajo la medida cautelar de firma periódica mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares, condición que permanecerá vigente hasta la emisión de la sentencia definitiva en la fecha señalada.
