Agencias
COZUMEL.- El Derecho de No Residente (DNR) pasaría de 983 a mil 334.80 pesos en 2027, un incremento de 351.80 pesos por visitante que llevó al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Cozumel a solicitar al Gobierno Federal y al Congreso de la Unión reconsiderar la propuesta incluida en el Paquete Económico del próximo año.
El ajuste equivale a un incremento de aproximadamente 35.8% respecto de la cuota vigente, mientras que, comparado con los 861 pesos establecidos para 2025, el organismo empresarial calcula un aumento acumulado cercano al 55% en dos años.
Para el CCE, la discusión adquiere especial importancia en Cozumel debido a la dependencia de la isla del turismo y a factores como la conectividad aérea y los costos asociados para llegar al destino.
El organismo sostuvo que cualquier modificación a los derechos y tarifas que enfrentan los visitantes internacionales debe considerar sus posibles efectos sobre la demanda, el consumo, la conectividad, la inversión y el empleo.
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La postura fue presentada en un documento firmado por María del Carmen Joaquín Hernández, presidenta del CCE Isla Cozumel, quien planteó además revisar el efecto acumulado de los diferentes cargos que enfrenta el viajero internacional.
El Consejo incorporó a sus argumentos el comportamiento reciente del Aeropuerto Internacional de Cozumel.
Según el comunicado, durante el primer semestre de 2026 el tráfico de pasajeros internacionales disminuyó 3% respecto del mismo periodo de 2025.
Frente a este escenario, la organización empresarial considera que un incremento en el DNR debe ser evaluado antes de su aprobación.
“No es momento de hacer más caro visitar México”, señaló el CCE de Cozumel.
Además de solicitar la reconsideración del incremento de 35.8%, planteó que una parte de lo recaudado mediante este derecho se destine de manera permanente a la promoción turística internacional, bajo criterios de transparencia y con indicadores que permitan medir resultados.
La propuesta incluye también establecer una mesa de trabajo entre la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Turismo, el Congreso de la Unión y representantes del sector empresarial para analizar alternativas relacionadas con la competitividad turística.
En el caso del sargazo, el CCE respaldó que se asignen recursos para enfrentar esta problemática en Quintana Roo, pero pidió considerar las características particulares de cada destino al momento de definir políticas y distribuir recursos.
SIM
