El bloque oficialista que administra 24 de las 32 entidades mexicanas enfrenta una erosión institucional derivada de investigaciones por vínculos con el narcotráfico, irregularidades administrativas y crisis de seguridad que involucran directamente a mandatarios estatales y a sus círculos de confianza.
Fracturas en el ejercicio del poder por presiones estadunidenses
La injerencia de las autoridades federales de Estados Unidos ha forzado el primer retiro de un alto cargo en la estructura morenista debido a señalamientos por protección al Cártel de Sinaloa.
- Sinaloa: Rubén Rocha Moya solicitó licencia al cargo tras una acusación penal de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, fechada el 29 de abril de 2026, por recibir respaldo de Los Chapitos. Tras un retorno breve de 112 días, el mandatario optó por una licencia indefinida.
- Baja California: Marina del Pilar Ávila enfrenta el retiro de su visa estadunidense y la difusión de audios donde negocia información de seguridad con el FBI y el DHS para eludir cargos. Su exesposo, Carlos Torres Torres, es investigado por la FGR por protección al crimen.
- Sonora: Alfonso Durazo sufrió la revocación de su visa estadunidense en 2025 bajo condiciones que permanecen bajo escrutinio internacional.
- Tamaulipas: Américo Villarreal está vinculado a una indagatoria sobre huachicol fiscal relacionada con Sergio Carmona. Héctor Joel Villegas, su secretario de Gobierno, otorgó contratos por 15 millones de pesos a empresas del fallecido empresario.
El quiebre de la seguridad en estados clave
La colusión de servidores públicos con organizaciones delictivas ha detonado focos rojos de violencia en diversas demarcaciones bajo administración oficialista.
- Michoacán: El homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, tras confrontar a Alfredo Ramírez Bedolla, ha derivado en 32 detenciones hasta julio de 2026, incluyendo al presunto autor intelectual.
- Zacatecas: David Monreal recibió amenazas directas de facciones del Cártel de Sinaloa tras la matanza de diez personas en julio de 2026, incidente que la fiscalía investiga como una red de extorsión institucionalizada.
- Guerrero: Evelyn Salgado enfrenta desde junio de 2026 una investigación sobre redes de extorsión en Acapulco que apunta a funcionarios de su propio gabinete.
- Morelos: Margarita González Saravia gestiona las secuelas del “Operativo Enjambre”, que desarticuló redes de narcotráfico al interior de los gobiernos municipales y alcanzó a una consejera estatal de Morena.
- Chiapas: Eduardo Ramírez investiga a “Pakal”, su propia unidad de élite, tras filtraciones que vinculan a sus integrantes con la nómina de Nemesio Oseguera, el Mencho, en un estado marcado por el desplazamiento forzado.
Erosión administrativa y opacidad en el gasto
Más allá del vínculo con el crimen organizado, diversas administraciones han registrado anomalías financieras y desvío de recursos bajo esquemas de corrupción administrativa.
- Estado de México: Delfina Gómez detectó un esquema de 324 plazas docentes inexistentes en la Secretaría de Educación, derivando en denuncias ante la Fiscalía mexiquense.
- Oaxaca: Salomón Jara reconoció en julio de 2026 la entrega de 60 vehículos con reporte de robo a funcionarios municipales bajo un esquema irregular de “depositaria”.
- Veracruz: Rocío Nahle arrastra denuncias por enriquecimiento ilícito durante la construcción de la refinería Dos Bocas y ha integrado a su gabinete a exfuncionarios de Pemex señalados por sobornos internacionales.
- Tabasco: Javier May heredó el caso de La Barredora, organización criminal dirigida por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad estatal bajo el mandato de Adán Augusto López.
- Quintana Roo: Mara Lezama es objeto de una investigación periodística que documentó 605 movimientos migratorios de su entorno con un gasto de 20 millones de pesos en vuelos privados, operados por firmas vinculadas a proveedores de seguridad estatal.
