Redacción/CARIBE PENINSULAR
TULUM.- En Tulum un accidente puede durar apenas unos segundos. Después vienen la grúa, el corralón, las multas, la recuperación del vehículo, la ambulancia, el hospital, los estudios y los medicamentos. Una cadena que puede representar miles de pesos para una persona que acaba de accidentarse.
Y ocurre en un municipio que durante 2025 acumuló 1,081 hechos de tránsito, prácticamente tres diarios, mientras Quintana Roo se colocó en segundo lugar nacional en accidentes atribuidos a malas condiciones del camino, únicamente detrás de Nuevo León, según estadísticas oficiales correspondientes a 2024.
Pero para entender lo que ocurre en Tulum no basta con observar las cifras. Hay que recorrer sus calles de noche. Topes difíciles de distinguir, señalización insuficiente o deteriorada, pintura vial desgastada, calles cuyo sentido de circulación no siempre resulta evidente para quien desconoce la ciudad, baches que aparecen en avenidas de alto flujo y zonas con iluminación insuficiente forman parte de las quejas recurrentes de residentes y conductores. En un destino donde miles de visitantes rentan motocicletas, automóviles y cuatrimotos sin conocer previamente sus vialidades, una deficiencia que para un residente puede resultar conocida se convierte para un turista en un riesgo.
La avenida Kukulkán, una de las principales conexiones entre la ciudad y la zona costera, ofrece un ejemplo. En junio de 2025, dos turistas estadounidenses de Illinois volcaron la cuatrimoto en la que viajaban durante la noche después de no distinguir a tiempo un tope. El percance ocurrió en un tramo con escasa iluminación y las visitantes resultaron lesionadas. Residentes y operadores turísticos señalaron entonces la necesidad de colocar pintura reflejante en los reductores, mejorar los señalamientos y reforzar la iluminación. Meses después, los accidentes de motociclistas y visitantes continúan formando parte de la cotidianidad de esta vialidad.
El problema tampoco ha desaparecido en 2026. Apenas el 28 de agosto, taxistas que trabajan en las inmediaciones del Parque Nacional del Jaguar denunciaron públicamente que al menos cuatro topes carecen de señalización preventiva y pintura reflejante suficiente. Los operadores aseguraron ser testigos constantes de percances de motociclistas y automovilistas, principalmente turistas que desconocen dónde se encuentran los reductores. Un día antes, turistas que circulaban por esa zona estuvieron involucrados en otro accidente en el que una ciclista fue atropellada.
La situación resulta especialmente peligrosa durante la noche. Una ciudad turística no solamente necesita colocar un señalamiento: necesita garantizar que pueda verse. La Norma Oficial Mexicana en materia de señalización vial establece precisamente que las marcas, señales y dispositivos deben advertir oportunamente sobre peligros, regular la circulación y guiar a los usuarios, con el objetivo de disminuir los hechos de tránsito. En Tulum, sin embargo, basta recorrer diferentes vialidades para encontrar señales deterioradas, dobladas o poco visibles y marcas sobre el pavimento que han perdido claridad.
Las propias estadísticas municipales confirman la dimensión del problema. Durante 2025 hubo 1,081 hechos de tránsito: enero registró 106; febrero, 89; marzo, 113; abril, 102; mayo, 98; junio, 88; julio, 78; agosto, 74; septiembre, 61; octubre, 80; noviembre, 95, y diciembre, 97. Marzo fue el peor mes. Entre las principales causas identificadas oficialmente aparecen no ceder el paso, no guardar distancia, ignorar señales de alto, realizar virajes indebidos y conducir a exceso de velocidad. Solamente 3 por ciento estuvo relacionado con alcoholemia.
Hay otro dato revelador. La propia Dirección de Tránsito ha reconocido la existencia de puntos de alta incidencia, entre ellos el cruce de Juanek y Kukulkán, donde se analiza incluso instalar un semáforo. Y en enero de este año el Instituto de Movilidad de Quintana Roo realizó una inspección técnica en el nodo de Aldea Tulum y la carretera federal 307, precisamente porque fue identificado como un punto con alta incidencia de siniestros. Es decir, el problema no se limita a percepciones ciudadanas: existen zonas de riesgo reconocidas oficialmente.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Edgar Aguilar Rico, encabeza actualmente la dependencia municipal de la que forma parte Tránsito y Vialidad, cuya directora es Rosario Jessica Orozco Zavala. Las autoridades conocen las estadísticas, los puntos conflictivos y las demandas relacionadas con seguridad vial. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento ha desplegado durante agosto jornadas de bacheo en calles del Centro y otras colonias. Sin embargo, los accidentes y las denuncias por señalización insuficiente continúan apareciendo.
Y es precisamente aquí donde surge la pregunta incómoda.
¿Qué ocurre económicamente después de cada accidente?
Primero puede llegar una grúa. Después el arrastre, depósito del vehículo, trámites, multas y recuperación de la unidad. Si existen lesionados aparecen ambulancia, hospital, estudios, medicamentos y procedimientos médicos. Cada uno puede ser un servicio perfectamente necesario y legítimo, pero juntos conforman una cadena económica que comienza a generar dinero inmediatamente después de un percance.
Para un turista extranjero la vulnerabilidad es todavía mayor. Puede encontrarse lesionado, desconocer el idioma, no saber dónde está su vehículo ni qué empresa se lo llevó, ignorar cuánto puede cobrar legalmente una grúa y desconocer las opciones hospitalarias disponibles. En esas circunstancias difícilmente existe la posibilidad de comparar precios o decidir tranquilamente qué servicio contratar.
Existen testimonios de turistas y ciudadanos que refieren cuentas de decenas e incluso cientos de miles de pesos después de accidentes, sumando servicios médicos, grúas, depósitos y otros conceptos. También existen señalamientos sobre cobros de miles de pesos por procedimientos médicos relativamente sencillos. Es indispensable aclararlo: esas cantidades deben documentarse individualmente mediante facturas, recibos o expedientes antes de presentarlas como una práctica generalizada. Pero su existencia obliga a investigar.
El negocio de las grúas merece particularmente atención. En julio de 2025, el secretario Edgar Aguilar Rico ordenó restringir el envío de vehículos al corralón y limitarlo a los casos realmente necesarios, después de inconformidades relacionadas con infracciones, arrastres y depósitos. El hecho resulta relevante porque demuestra que los posibles abusos alrededor de la recuperación de vehículos ya habían llegado al conocimiento de la autoridad.
En este sector aparece además un componente político. Erik Borges Yam, actual presidente municipal de José María Morelos, cuenta con antecedentes empresariales públicamente documentados dentro del sector de grúas y arrastres mediante Grupo Automotriz Riviera. Publicaciones posteriores han relacionado operaciones de grúas en Tulum con intereses vinculados al empresario y político. En el caso específico del corralón que actualmente presta servicios en Tulum, esa relación debe terminar de acreditarse mediante documentación mercantil actualizada antes de señalar una propiedad directa.
La atención médica privada constituye el otro gran eslabón. Tulum cuenta con servicios públicos de salud, pero su infraestructura continúa enfrentando el crecimiento acelerado de una ciudad internacional. Paralelamente, el mercado privado sigue expandiéndose. En julio se anunció una inversión superior a 350 millones de pesos para el Hospital Joya Tulum, proyecto que ampliará la infraestructura hospitalaria privada y los servicios especializados disponibles en el destino.
El problema no es la existencia de hospitales privados, ambulancias, grúas o corralones. Tulum necesita todos esos servicios. La pregunta es quién decide qué empresa interviene después del accidente, cuáles son sus tarifas, quién vigila los cobros, qué información recibe un turista antes de pagar y qué relaciones empresariales o políticas existen alrededor de quienes participan en esta cadena.
Tampoco existe evidencia que permita afirmar que alguien mantenga deliberadamente una calle en malas condiciones para provocar accidentes o beneficiar posteriormente a empresas. Pero la combinación merece una investigación seria: más de mil accidentes en un año, Quintana Roo en segundo lugar nacional por siniestros asociados a malas condiciones del camino, topes sin señalización denunciados públicamente, puntos de alta incidencia reconocidos oficialmente y una cadena de servicios que comienza a cobrar inmediatamente después del impacto.
Y mientras Tulum siga recibiendo turistas con topes prácticamente invisibles durante la noche, señalización deteriorada o inexistente, calles mal iluminadas, baches y sentidos de circulación confusos, para después encontrarlos, tras un accidente, frente a agentes de Tránsito, multas, grúas, corralones y costosas atenciones médicas, el destino seguirá fabricando una de sus peores promociones: visitantes que regresan a sus países sintiéndose castigados en lugar de protegidos. El problema resulta todavía más grave cuando las quejas contra policías de Tránsito por presuntos abusos y cobros indebidos se suman a una infraestructura vial deficiente. Así también se ahuyenta al turismo: no basta gastar millones promocionando Tulum en el extranjero si, una vez aquí, el visitante se encuentra con vialidades inseguras y una autoridad vial que, en lugar de generar confianza, acumula señalamientos que deterioran la imagen del destino. Cada turista que se marcha indignado puede convertirse en una advertencia para muchos otros que estaban pensando venir.
Hay que investigar quién gana dinero después de que ocurrió un accidente.
Porque en uno de los destinos turísticos más importantes de México, la pregunta ya no puede ser solamente por qué se accidenta tanta gente.
La pregunta es quién termina cobrando cada vez que alguien se accidenta en Tulum.
