La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma constitucional para obligar a los aspirantes a la presidencia, gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de su registro electoral.
Reforma constitucional para blindar la soberanía nacional
La propuesta busca cerrar vacíos legales en los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para asegurar que el interés nacional prevalezca sobre vínculos con Estados extranjeros.
La iniciativa, presentada el 27 de agosto de 2026, establece que poseer una doble nacionalidad genera confusiones interpretativas que el marco jurídico actual no resuelve con precisión. El objetivo central es que quien ejerza los cargos de mayor jerarquía política sea exclusivamente mexicano, sin excepciones derivadas de vínculos parentales o adquisiciones previas.
- Alcance ejecutivo: La restricción aplicará para la Presidencia de la República, gobernadores y quien encabece la Jefatura de Gobierno en la capital del país.
- Condición de elegibilidad: Será obligatorio renunciar formalmente a cualquier otra ciudadanía previo a la solicitud de registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
- Protección de soberanía: La medida pretende evitar que intereses de potencias extranjeras influyan en la toma de decisiones estratégicas de los gobernantes.
Prohibiciones explícitas y sanciones a gobernantes
El texto de la reforma detalla restricciones severas sobre el uso de documentación extranjera y la invocación de protecciones diplomáticas durante el ejercicio del cargo.
La nueva redacción propuesta para el artículo 82 constitucional impide explícitamente que los titulares de estos cargos adquieran o soliciten nacionalidad distinta a la mexicana. Las prohibiciones incluyen:
- Uso de documentos: Queda prohibido el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por gobiernos extranjeros.
- Acción política: Se veta el ejercicio de derechos políticos inherentes a otra ciudadanía durante el encargo público.
- Protección diplomática: El funcionario no podrá solicitar asistencia o protección diplomática ante autoridades de otra nación.
- Régimen sancionador: Cualquier contravención a estas disposiciones será castigada bajo los mecanismos establecidos en el Título Cuarto de la Constitución.
Coordinación técnica y adecuación legal
La redacción de la reforma fue ejecutada en un periodo de 48 horas bajo la supervisión directa de la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, y el coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar.
Tras la eventual aprobación constitucional, el Ejecutivo federal contempla reformas complementarias a la Ley de Nacionalidad. Estos ajustes definirán los procedimientos administrativos necesarios para que los aspirantes formalicen la renuncia a su segunda nacionalidad ante las autoridades competentes, tanto mexicanas como del país de origen correspondiente. El proceso deberá completarse estrictamente antes del registro oficial como candidato ante el INE.
