No se podría esperar otra cosa.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la contrarreforma al marco electoral del estado, con la que los candidatos a alcaldes con las mejores votaciones ya no serán regidores.
Quintana Roo era de los pocos estados en los que se respetaba la esencia de los ayuntamientos como gobiernos colegiados y se daba acceso a los cabildos a los mejores candidatos perdedores a alcaldes. Pero ya se acabó.
El proyecto estuvo a cargo de una de las ministras más cuestionadas, quien, de entrada, es señalada por su sometimiento a Morena y por plagio.
En 2022 fue señalada por el presunto plagio de su tesis de licenciatura en Derecho, presentada en 1987 en la entonces ENEP Aragón de la UNAM; posteriormente surgieron también señalamientos sobre fragmentos de su tesis doctoral.
Pero, desde su designación por el Senado, estuvo acompañada de críticas de la oposición por un posible conflicto de interés, debido a que es esposa del empresario José María Riobóo, contratista y asesor cercano al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pero, además, en su totalidad la SCJN está al servicio de Morena. La impugnación fue del PRI y, obvio, jamás pasaría.
Por lo pronto, la SCJN deja otra huella en Quintana Roo.
Se convirtió también en el sepulturero de una de las reformas que fueron de avanzada en el estado.
