Alejandro Peza/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- A casi un año de la reconfiguración del Poder Judicial de Quintana Roo, abogados litigantes de Chetumal advirtieron que los cambios implementados aún avanzan de manera lenta y persisten deficiencias que afectan la impartición de justicia, principalmente por la falta de personal, capacitación y retrasos en los procesos judiciales.
A unos días de cumplirse el primer aniversario de la reconfiguración del Poder Judicial del estado, los abogados Ángel Mauricio Mora Castillo y Jesús Ucán Montejo señalaron que todavía existen importantes pendientes para consolidar un sistema de justicia eficiente y cercano a las necesidades de la ciudadanía.
Los litigantes explicaron que uno de los principales problemas que enfrentan actualmente los juzgados es la falta de personal, situación que repercute directamente en los tiempos de atención y resolución de los asuntos.
Indicaron que, en algunos casos, los abogados y sus representados deben esperar hasta tres meses para que sea acordado un escrito, mientras que el desahogo de determinadas audiencias puede prolongarse durante seis meses o incluso más.
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Afirmaron que estos retrasos representan un obstáculo para quienes recurren a los tribunales en busca de justicia, además de generar una mayor carga de trabajo para litigantes, personal jurisdiccional y las propias partes involucradas en los procedimientos.
Otro de los aspectos que consideraron prioritario atender es la capacitación de jueces, funcionarios y personal que participa en los procesos judiciales, particularmente en materia de derechos humanos y en la aplicación adecuada de los criterios legales.
Los abogados también cuestionaron que determinadas decisiones judiciales puedan verse influenciadas por la presión social o mediática, en lugar de sustentarse exclusivamente en las pruebas, los argumentos de las partes y el marco jurídico aplicable.
Consideraron que la impartición de justicia debe mantenerse al margen de presiones externas y garantizar que cada resolución sea producto de un análisis jurídico, respetando en todo momento el debido proceso y los derechos de quienes intervienen en un juicio.
De cara al proceso de 2028, cuando se contempla completar la configuración del Poder Judicial local, Mora Castillo y Ucán Montejo también fijaron postura en contra de la elección popular de jueces.
Los litigantes señalaron que el acceso a los cargos jurisdiccionales debería privilegiar la preparación, experiencia y conocimiento jurídico de los aspirantes, por lo que se pronunciaron a favor de recuperar mecanismos como los exámenes de oposición y fortalecer la carrera judicial.
A su consideración, la profesionalización debe ser uno de los principales pilares para garantizar una justicia independiente y con mayor capacidad de respuesta.
Los abogados reconocieron que la transformación del Poder Judicial representa una oportunidad para corregir deficiencias y mejorar la atención a la ciudadanía, pero insistieron en que todavía existen retos importantes que deben ser atendidos antes de considerar consolidado el nuevo modelo.
Entre ellos, mencionaron la contratación y distribución suficiente de personal, la capacitación permanente, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la reducción de los tiempos para resolver los asuntos.
Señalaron que el reto no solamente consiste en modificar estructuras o mecanismos de elección, sino en lograr que esos cambios se traduzcan en una justicia más rápida, profesional, independiente y accesible para la población de Quintana Roo.
Con el proceso de 2028 en el horizonte, los litigantes consideraron que aún existe tiempo para corregir deficiencias y definir un modelo que privilegie la preparación y la carrera judicial por encima de intereses políticos o presiones externas.
