La insuficiencia del marco legal mexicano frente al endurecimiento de las políticas estadunidenses expone a las empresas locales a sanciones por vínculos indirectos con organizaciones criminales.
El endurecimiento del escrutinio estadounidense
El gobierno de Donald Trump intensificó el control sobre las cadenas de suministro tras clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
La estrategia de Washington busca proteger su sistema financiero de la contaminación por flujos ilícitos, trasladando el foco de atención hacia las relaciones comerciales ordinarias. La firma legal Holland & Knight advierte que el estándar de cumplimiento local ha dejado de ser una salvaguarda efectiva ante la jurisdicción estadunidense, dado que el escrutinio ha trascendido los perfiles criminales tradicionales para alcanzar sectores productivos diversos.
Sectores críticos bajo vigilancia
La operativa de fiscalización del Departamento del Tesoro ya alcanza a múltiples industrias con alta permeabilidad comercial.
El 23 de julio de 2026, el Departamento del Tesoro sancionó a más de 50 personas y entidades. Los sectores con mayor vulnerabilidad detectados por la firma son:
- Producción primaria: Agronegocios, exportación agrícola y minería.
- Infraestructura y servicios: Construcción, bienes raíces, logística, transporte, estaciones de combustible y seguridad privada.
- Consumo y servicios: Bebidas alcohólicas, manufactura, comercio minorista y entretenimiento.
- Sector financiero: Actúa como canal procesador de pagos, financiamientos e inversiones con exposición de riesgo transversal.
La insuficiencia de las leyes mexicanas
El cumplimiento normativo nacional no garantiza inmunidad frente a la ley de Estados Unidos debido a la falta de mecanismos alineados.
Holland & Knight sostiene que los instrumentos actuales en México presentan brechas críticas ante el nuevo nivel de exigencia internacional. Los mecanismos señalados como insuficientes para prevenir el riesgo son:
- Marco regulatorio: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- Fiscalización: Reglas sobre facturación, sustancia económica y operaciones con terceros.
- Capacidad administrativa: Revisiones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la aplicación del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación contra operaciones simuladas.
El desafío del beneficiario final y las relaciones indirectas
La vulnerabilidad corporativa reside en la opacidad de las cadenas de valor más que en la actividad industrial declarada.
El riesgo de contagio se agudiza en las relaciones indirectas, donde agentes como distribuidores, subcontratistas, arrendadores o transportistas pueden ocultar a los beneficiarios finales vinculados con actividades ilícitas. La firma subraya que el cumplimiento debe pivotar hacia la verificación de sustancia comercial, identificando de forma obligatoria quién está detrás de cada contraparte y el origen preciso de los flujos de pago.
