Alejandro Peza/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- Ejidatarios de Morocoy mantienen la exigencia para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) cumpla con el pago de indemnización correspondiente a 298 hectáreas ocupadas por los sitios arqueológicos de Dzibanché y Kinichná, mientras continúan a la espera de que el Gobierno de Quintana Roo reactive las mesas de trabajo para buscar una solución al conflicto.
Sonia Méndez Lile, ex comisaria ejidal de Morocoy, lamentó que las negociaciones se hayan retrasado y señaló que, hasta el momento, solamente han sostenido una reunión dentro del proceso de conciliación ofrecido por el Gobierno del Estado, sin que se haya establecido una nueva fecha para continuar con las conversaciones.
Explicó que el ejido se encuentra ante dos posibles escenarios que podrían alcanzar un acuerdo mediante el diálogo y la conciliación, o retomar la vía jurídica ante el Tribunal Unitario Agrario, instancia donde ya fue presentada una demanda relacionada con el reclamo de las tierras.
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“Hasta el momento solo hemos tenido una reunión y no hay avances para seguir con las mesas de trabajo”, señaló Méndez Lile, quien insistió en que los ejidatarios mantienen la disposición de llegar a un acuerdo pacífico que permita resolver el conflicto de manera favorable para todas las partes.
La ex representante ejidal explicó que el procedimiento jurídico quedó pendiente precisamente ante la expectativa de que las autoridades estatales pudieran facilitar una negociación con las instancias federales responsables del pago de la indemnización.
Sin embargo, aseguró que hasta ahora no existen avances concretos para determinar cuándo podría concretarse el pago por las 298 hectáreas.
Méndez Lile también expresó incertidumbre sobre las razones por las cuales el proceso no ha avanzado y planteó la posibilidad de que las restricciones presupuestales del Gobierno Federal estén influyendo en el cumplimiento de los compromisos de indemnización.
“Desconocemos si realmente la situación económica federal está crítica y no han podido pagar”, comentó, al señalar que una situación similar se estaría presentando con ejidatarios de Salidos, quienes también se encuentran a la espera de que se concrete una indemnización.
Precisó que, en el caso de Morocoy, todavía falta completar parte del procedimiento técnico para establecer oficialmente la superficie que deberá ser considerada para el pago.
De acuerdo con Méndez Lile, el ejido ya realizó sus propias mediciones de las tierras involucradas, pero todavía está pendiente la evaluación correspondiente por parte del INDAABIN, por lo que no existe aún una valoración oficial que permita avanzar hacia la determinación definitiva de la indemnización.
“Nosotros ya medimos, pero no ha ido el INDAABIN a hacer su evaluación”, señaló.
Pidió a la gobernadora Mara Lezama y a la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, para que se dé continuidad a las reuniones de conciliación y se establezca una ruta clara para resolver el conflicto.
Méndez Lile afirmó que los integrantes del ejido mantienen la voluntad de conciliar y evitar que el conflicto se prolongue por la vía judicial, siempre y cuando se respeten los derechos de los propietarios de las tierras.
Destacó que la zona donde se encuentran Dzibanché y Kinichná cuenta con un importante potencial turístico y consideró que un acuerdo entre las autoridades y el ejido podría permitir generar beneficios para la comunidad y fortalecer el aprovechamiento turístico de estos sitios arqueológicos.
