Pobladores de San José Chiapa y San Pedro Ecatepec se manifestaron en Palacio Nacional para exigir la cancelación de los Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (Podecibi), denunciando falta de estudios ambientales, presiones policiales y riesgo de despojo territorial.
Rechazo frontal a los parques industriales en San José Chiapa y San Pedro Ecatepec
Las comunidades de Puebla y Tlaxcala exigen frenar la instalación de complejos de reciclaje industrial ante la ausencia de consultas ciudadanas vinculantes y análisis de viabilidad ecológica.
Con lonas y consignas directas, los manifestantes solicitaron una mesa de trabajo con el gobierno federal y las administraciones estatales para comprobar que la mayoría de los habitantes rechaza convertirse en receptores de residuos industriales. La inconformidad ciudadana radica en la falta de transparencia técnica y social con la que se proyectaron estas zonas industriales.
- Falta de dictámenes técnicos: El gobierno federal no ha hecho públicos los estudios de impacto ambiental indispensables para obras de esta magnitud.
- Intimidación institucional: Gobiernos estatales han recurrido a operativos policiales en lugar de establecer canales de mediación pacífica.
- Defensa de recursos: Los comités locales alertan sobre la sobreexplotación de mantos freáticos y la degradación del suelo agrícola.
La exigencia central apunta a respetar el derecho a un entorno saludable frente a modelos industriales centralizados.
Presiones de seguridad y riesgos hídricos en la región limítrofe
Los manifestantes denuncian el uso de fuerzas de seguridad estatales para coaccionar la aceptación social de los parques de economía circular.
El despliegue de operativos policiales en San José Chiapa y San Pedro Ecatepec ha generado tensiones directas con las familias locales. Los inconformes señalan que las instalaciones catalogadas como economía circular derivan en esquemas de contaminación que amenazan el abasto de agua potable en los municipios colindantes.
«El plan es el despojo de nuestro territorio, el imponernos industrias contaminantes que van a saquear el agua y van a poner en riesgo la vida de nuestras familias.»
La respuesta estatal ha priorizado el resguardo de los predios proyectados sobre las garantías de participación informada de las poblaciones afectadas.
Trámite burocrático y canalización del conflicto ante dependencias federales
Personal de Presidencia entregó la respuesta a la petición de abril, turnando el caso a Gobernación y Semarnat sin notificación previa a los afectados.
Durante la jornada de protesta frente a Palacio Nacional, personal de Atención Ciudadana entregó un documento oficial firmado por su directora, Adriana Contreras Vera. El oficio canaliza el expediente hacia la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para su revisión técnica y política.
- Fecha de entrega original: 11 de abril, durante la visita presidencial a San José Chiapa.
- Tiempo de respuesta: Cuatro meses de desfase administrativo hasta la entrega física en la sede del Ejecutivo.
- Fallas de notificación: Las autoridades omitieron el uso de correos electrónicos y teléfonos registrados oficialmente en el documento inicial.
El movimiento comunitario mantiene la exigencia de una consulta formal y la suspensión definitiva de los Podecibi en la franja limítrofe de Puebla y Tlaxcala.
