El ejecutivo estatal absorberá la totalidad de los gastos de transporte, alimentación, hospedaje y movilidad para los estudiantes yucatecos que requieren trasladarse a la Ciudad de México para presentar su examen de ingreso a la UNAM.
La respuesta gubernamental ante la vulnerabilidad académica
La administración estatal activó un plan de apoyo integral para garantizar la participación de los jóvenes en el proceso de selección tras una serie de movilizaciones sociales.
El gobernador Joaquín «Huacho» Díaz Mena oficializó el compromiso de cubrir los costos operativos de los aspirantes tras reunirse con cerca de 80 jóvenes afectados. La medida busca mitigar la barrera económica que impedía la movilidad hacia la sede central de la universidad para realizar la segunda prueba de ingreso. El mandatario calificó la medida como un mecanismo para asegurar que el desarrollo profesional de la juventud local no se vea frenado por carencias financieras.
Calendario y alcances del programa de apoyo
La logística de traslado responde a las fechas críticas marcadas en el calendario de admisión para las licenciaturas de la máxima casa de estudios.
- Fechas de examen: Las pruebas de control presencial se llevarán a cabo los días 17, 18 y 19 de agosto.
- Cobertura total: El programa contempla el pago íntegro de transporte terrestre o aéreo, servicios de alimentación, hospedaje y traslados internos dentro de la Ciudad de México.
- Población objetivo: El apoyo está dirigido a los estudiantes inscritos para competir por una de las nueve licenciaturas ofertadas por la ENES Unidad Mérida.
El contexto de la gestión administrativa en la enes Mérida
La decisión gubernamental interviene tras semanas de incertidumbre sobre los recursos necesarios para el traslado de los alumnos registrados.
La secretaria general de la ENES Mérida, Ilse Ruiz, precisó que existe un registro de poco más de 200 personas interesadas en obtener un espacio educativo. Durante el periodo de protestas, los aspirantes señalaron que las gestiones iniciales de la institución educativa carecían de formalidad, reduciéndose a promesas verbales. La falta de un esquema financiero definido por parte de la universidad fue identificada por los manifestantes como un riesgo directo para su derecho a la educación superior, lo que obligó a la intervención del Gobierno de Yucatán para concretar la logística necesaria.
