Redacción/CARIBE PENINSULAR
PLAYA DEL CARMEN.- Organizaciones comunitarias y ambientalistas afirmaron que, aunque el tribunal internacional del CIADI otorgó a Legacy Vulcan una indemnización inferior al uno por ciento de los más de mil 500 millones de dólares que reclamaba al Estado mexicano, el litigio aún no puede considerarse concluido y exigieron la publicación íntegra del laudo.
En un pronunciamiento difundido este jueves, los promoventes destacaron que el tribunal admitió la participación del dirigente maya Quetzal Tzab González como amicus curiae, pese a la oposición de la empresa, lo que permitió incorporar al expediente la perspectiva de las comunidades afectadas por la explotación de roca caliza en Playa del Carmen.
De acuerdo con el documento, los árbitros reconocieron que el representante comunitario tenía «un interés significativo en el procedimiento» y aportaba una perspectiva que ninguna de las partes había presentado.
Las organizaciones sostuvieron que, durante el arbitraje, expusieron los presuntos daños ambientales provocados por la actividad minera, entre ellos la afectación al acuífero peninsular, la contaminación de mantos freáticos, la destrucción de hábitats de especies protegidas y las afectaciones a los derechos de las comunidades indígenas.
Asimismo, argumentaron que, con base en tratados internacionales y la Constitución mexicana, el Estado no sólo estaba facultado para cerrar la mina, sino que tenía la obligación de hacerlo para proteger el derecho humano al agua y a un medio ambiente sano.
El boletín también cuestiona el mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estados previsto en el antiguo TLCAN, al considerar que favorece a las empresas sobre las comunidades y obliga a los gobiernos a destinar importantes recursos públicos para defenderse en arbitrajes internacionales.
Los promoventes señalaron que, aunque el T-MEC limitó ese esquema, México continúa expuesto a procedimientos similares mediante otros tratados internacionales de inversión.
Piden transparencia del fallo
Las organizaciones demandaron que el laudo completo sea hecho público para conocer el monto definitivo de la indemnización, la argumentación jurídica del tribunal, el resultado de la contrademanda presentada por el Estado mexicano y la distribución de los costos del arbitraje.
También solicitaron que el Área de Protección de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto, decretada en septiembre de 2024 sobre más de 53 mil hectáreas, cuente de inmediato con un programa de manejo, un consejo asesor con representación comunitaria y mecanismos de monitoreo ambiental con participación de los habitantes de la zona.
El caso se originó después de que Legacy Vulcan recurriera al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para reclamar una indemnización superior a los mil 500 millones de dólares por el cierre de su mina de roca caliza en Playa del Carmen. El pasado 27 de julio, la Secretaría de Economía y la propia empresa informaron que el tribunal desestimó la mayor parte de las reclamaciones y concedió una compensación inferior a 15 millones de dólares, aunque el contenido íntegro del laudo permanece reservado.
