La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las instalaciones de Canal Once fueron recuperadas tras una toma prolongada, denunciando la presencia de financiamiento externo para los ocupantes y el inicio de carpetas de investigación por posibles daños al patrimonio nacional.
Presuntas irregularidades en el financiamiento del movimiento
La mandataria sostuvo que el grupo que mantuvo la ocupación recibía recursos financieros de origen desconocido, cuestionando la legitimidad de sus demandas frente al Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Según la Jefa del Ejecutivo, la permanencia de un grupo reducido, estimado en seis personas al final del conflicto, carecía de lógica estudiantil. La postura oficial sostiene que el propósito real de la ocupación era interferir en la capacidad operativa de la televisora pública. Pese a la interrupción física, el canal mantuvo sus transmisiones ligadas a los contenidos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) bajo el esquema «Aprende».
Evaluación del impacto en el patrimonio audiovisual
La autoridad federal ha iniciado un proceso de levantamiento técnico para cuantificar las afectaciones físicas y documentales sufridas durante el periodo de ocupación.
- Inventario oficial: La Secretaría de Educación Pública, bajo el mando de Mario Delgado, ha convocado al Ministerio Público y a un notario para certificar el estado de las instalaciones.
- Daños reportados: Las primeras inspecciones revelan material videográfico desordenado y roto, lo que pone en riesgo parte del acervo histórico de la institución.
- Preservación: El archivo, que resguarda más de 67 años de historia audiovisual, requiere condiciones técnicas específicas que pudieron verse comprometidas durante la toma.
La gestión del conflicto y el diálogo pendiente
La recuperación de las instalaciones se realizó de forma pacífica, liderada por la dirección del canal y con el respaldo de los trabajadores, tras meses de intentos fallidos por establecer una mesa de negociación.
El secretario Mario Delgado detalló que, a pesar de la apertura de mesas de trabajo gestionadas por el subsecretario Ricardo Villanueva, los ocupantes no presentaron peticiones directamente vinculadas con la operatividad del Canal Once. El Ejecutivo mantiene la voluntad de diálogo, aunque el proceso jurídico por la posible afectación al patrimonio de la nación seguirá su curso en manos de las autoridades competentes.
