El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, calificó las recientes iniciativas gubernamentales sobre regulación digital como un mecanismo para instaurar un control autocrático sobre la conversación pública en México, señalando una amenaza directa a las libertades civiles.
La ruta hacia el control de la esfera digital
Las acciones del gobierno federal buscan, según el liderazgo panista, reducir los espacios de disidencia y limitar la capacidad ciudadana para cuestionar las políticas oficiales.
Romero Herrera sostiene que el intento por regular las plataformas digitales no constituye un evento aislado, sino que forma parte de una estrategia estructurada para:
- Concentrar el poder: Fortalecimiento del Ejecutivo mediante la erosión sistemática de contrapesos institucionales.
- Silenciar la crítica: Restricción de canales donde la ciudadanía ejerce su derecho al escrutinio del aparato público.
- Controlar la narrativa: Imposición de una versión única de la realidad mediante la vigilancia de contenidos en redes sociales.
El conflicto normativo y la consulta de derechos
El debate surge tras la apertura de una consulta gubernamental sobre los lineamientos de derechos de las audiencias en el marco de la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, así como la reciente orden del INE para que actores políticos eliminen publicaciones que califican a Morena como «narcopartido».
El dirigente panista ha diferenciado la protección ante delitos digitales de la regulación de opiniones políticas. Aunque reconoce la necesidad de salvaguardar a menores de edad frente a fraudes y violencia, alerta que cualquier normativa no puede derivar en la facultad estatal de decidir qué información es válida o qué contenidos deben eliminarse.
El tribunal político de la mañanera
Romero Herrera categorizó las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum como un tribunal político que carece de garantías para el derecho de réplica.
El análisis del PAN subraya la asimetría en el ejercicio comunicativo:
- Desacreditación institucional: Uso de recursos públicos para descalificar a periodistas, opositores y ciudadanos.
- Ausencia de equidad: Imposibilidad de los señalados para responder ante las acusaciones vertidas desde el Palacio Nacional.
- Erosión democrática: Similitud con procesos donde gobiernos han subordinado a la prensa y limitado la libertad de expresión ciudadana.
La discrepancia en el alcance de los lineamientos
Existe una falta de certeza sobre la aplicación de las nuevas normas regulatorias tras declaraciones contradictorias desde el Ejecutivo.
Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum planteó el 28 de julio la posibilidad de integrar a la prensa escrita y plataformas digitales en la consulta, la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, precisó el 29 de julio que los lineamientos son aplicables exclusivamente a medios electrónicos (radio y televisión).
Por su parte, Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, ha sugerido que las conferencias matutinas, tanto federales como estatales, deberían ser consideradas dentro de este proceso de discusión normativa.
