Un grupo de aspirantes a la licenciatura de la UNAM se manifestó ante la Torre de la Rectoría para rechazar la imposición de un examen de control presencial, tras la resolución del rector Leonardo Lomelí para subsanar presuntas irregularidades técnicas en el proceso de selección 2026-2027.
Fractura en el proceso de ingreso a licenciatura
La resolución de la administración universitaria busca auditar los resultados de 58 mil aspirantes mediante una evaluación presencial obligatoria tras identificar fallas en la modalidad en línea.
El rector Leonardo Lomelí formalizó la recomendación de la Comisión Técnica el viernes 1 de agosto de 2026. Esta medida, diseñada para enfrentar la crisis por supuestas irregularidades, condiciona el acceso a la institución bajo los siguientes criterios:
- Alcance del examen: La evaluación de control es obligatoria tanto para aspirantes seleccionados como para aquellos que obtuvieron puntajes superiores a los registros históricos desde 2021.
- Población afectada: La disposición alcanza a un universo de aproximadamente 58 mil personas.
- Fundamentación: La universidad sostiene que el proceso original presentó vulnerabilidades técnicas que comprometen la integridad de la selección.
Resistencia en la sede institucional
Aspirantes inconformes presentaron un pliego petitorio ante la Comisión de Recepción de la Rectoría para frenar la invalidación de sus resultados actuales.
Aproximadamente siete horas después del anuncio oficial, un contingente de 15 representantes acudió a la sede universitaria. Los argumentos expresados por los manifestantes subrayan la afectación directa a su estabilidad y mérito académico:
- Deslinde de responsabilidad: Los manifestantes sostienen que las fallas técnicas en la plataforma digital no son atribuibles a los estudiantes.
- Defensa del mérito: Existe una exigencia explícita para que se respete el lugar obtenido legítimamente sin la imposición de evaluaciones adicionales.
- Impacto psicológico: Los aspirantes denuncian un desgaste acumulado durante meses de preparación, calificando la exigencia de «probar su inocencia» como una medida injusta.
Estrategia jurídica contra la Rectoría
El sector estudiantil prepara un amparo colectivo para impugnar la obligatoriedad del examen de control frente a las autoridades universitarias y legales.
La vía judicial es coordinada a través de plataformas digitales, bajo la premisa de vulneración a derechos fundamentales. La demanda proyectada incluye los siguientes elementos:
- Causales de impugnación: Los argumentos jurídicos señalan una violación a los principios de seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho constitucional a la educación.
- Autoridades señaladas: El pliego identifica como responsables al rector Leonardo Lomelí Vanegas, al Consejo Universitario, a Eduardo Bárzana (presidente de la Comisión Técnica), al Colegio de Directoras y Directores, a la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
- Actos reclamados: La impugnación se centra en la cancelación de folios de seleccionados, la suspensión de inscripciones y la condicionante de ingreso al ciclo 2026-2027, el cual tiene programado su inicio el lunes 10 de agosto.
