Pavel Durov, fundador de la plataforma Telegram, ha sido incorporado al registro de terroristas de la inteligencia financiera rusa, Rosfinmonitoring, resultando en el congelamiento inmediato de sus activos y cuentas bancarias bajo jurisdicción de Moscú.
La ofensiva de Rosfinmonitoring contra el fundador de Telegram
El Estado ruso ha formalizado la designación de Pavel Durov como elemento terrorista tras las acusaciones sobre la permisividad de su plataforma ante operaciones de sabotaje y seguridad nacional.
La medida impuesta por la agencia Rosfinmonitoring desde este jueves implica la inmovilización total de los bienes y cuentas del empresario de 41 años, nacido en San Petersburgo y actualmente residente en Dubái. Las autoridades rusas vinculan a Telegram con un historial crítico de riesgos para el país:
- 153.000 casos: Volumen de incidentes donde la seguridad nacional fue vulnerada mediante la infraestructura de mensajería.
- Ataque al Crocus City Hall: Vinculación operativa en la tragedia de marzo de 2024 que resultó en 145 fallecidos y más de 500 lesionados.
- Atentados selectivos: Facilitación de la organización para los asesinatos de Daria Dugina, Vladlen Tatarski y el teniente general Igor Kirillov.
Fricción operativa y presión financiera en territorio ruso
Moscú ha escalado su confrontación legal contra la compañía de Durov tras ignorar, según versiones oficiales, un volumen superior a las 150.000 solicitudes de eliminación de contenidos prohibidos.
La escalada contra la red de mensajería ha transitado diversas etapas desde 2022:
- Multas acumuladas: El Estado ha sancionado a la plataforma con cifras de hasta 100 millones de rublos (1,1 millones de euros) durante el presente año.
- Restricciones de acceso: El uso de Telegram enfrenta limitaciones activas en territorio ruso desde agosto de 2025.
- Incumplimiento normativo: La plataforma ha sido señalada reiteradamente desde febrero por la omisión sistemática de la legislación local vigente.
Antecedentes judiciales en jurisdicciones europeas
El escenario legal de Pavel Durov no se limita a las fronteras rusas, manteniendo una situación jurídica compleja en Francia bajo investigación por delitos graves.
Durov enfrenta un proceso en suelo francés tras su detención en 2024, donde permanece bajo supervisión judicial y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades. El empresario obtuvo su libertad condicional tras el desembolso de una fianza fijada en 5 millones de euros, enfrentando cargos relacionados con la falta de control sobre redes criminales dedicadas al tráfico de drogas, fraude y el abuso de menores.
