La organización Artículo 19 descartó cualquier cambio en el estatus jurídico de Mario Marín Torres. El exgobernador de Puebla mantiene su reclusión en el Cefereso No. 1 tras la inexistencia de notificaciones judiciales que avalen su excarcelación o traslado a prisión domiciliaria.
La vigencia de la medida cautelar en el Altiplano
El exgobernador de Puebla permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 «Altiplano» ante la falta de resoluciones judiciales que modifiquen su situación actual.
La organización, que ejerce la representación jurídica de la periodista Lydia Cacho, confirmó que no existe constancia oficial sobre una posible transición al arresto domiciliario. Esta declaración surge como respuesta a las versiones circulantes sobre la supuesta liberación o traslado del procesado, las cuales carecen de respaldo administrativo.
Riesgos legales ante vulneraciones al debido proceso
Cualquier alteración en la medida cautelar ejecutada sin el conocimiento previo de la víctima o sus representantes legales derivaría en una fractura grave del debido proceso.
La postura de Artículo 19 enfatiza las implicaciones para los actores involucrados en caso de proceder de manera irregular:
- Responsabilidades penales: Posibles sanciones contra los funcionarios que omitan el protocolo de notificación.
- Faltas administrativas: Riesgo de procesos internos por irregularidades en la ejecución de la pena.
- Vulneración de derechos: El incumplimiento de las garantías procesales de la víctima obligatoria.
Exhorto a la transparencia institucional y mediática
Artículo 19 demandó al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social una postura clara sobre el estado de privación de la libertad de Mario Marín Torres.
La organización subrayó la urgencia de recibir un pronunciamiento oficial por parte de la dependencia adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Asimismo, instó a los medios de comunicación y a la ciudadanía a limitar la difusión de información a datos corroborados, con el objetivo de contener la propagación de narrativas sin sustento que comprometen el rigor de la justicia.
