Redacción
PLAYA DEL CARMEN.- México obtuvo un fallo mayoritariamente favorable en el arbitraje internacional promovido por la empresa estadounidense Vulcan Materials Company, luego de que el Tribunal Arbitral desestimó casi todas las reclamaciones de la minera y determinó que el Estado mexicano únicamente deberá pagar alrededor de 17 millones de dólares, frente a los casi mil 700 millones de dólares que la compañía exigía como indemnización por el conflicto derivado del cierre de las operaciones de Calica, en Quintana Roo.
La Secretaría de Economía informó que la resolución rechazó prácticamente todas las reclamaciones de la empresa y solo encontró responsabilidad en una medida relacionada con la clausura de un predio de Calica ocurrida en enero de 2018, cuyo impacto económico representa menos del 1% del monto originalmente reclamado. La dependencia agregó que analiza el contenido completo del laudo para determinar si existen recursos legales adicionales a su alcance.
El litigio internacional se originó por las restricciones impuestas a la filial de Vulcan Materials, antes conocida como Calizas Industriales del Carmen (Calica) y actualmente Sac-Tun, dedicada durante décadas a la extracción y exportación de piedra caliza desde Playa del Carmen hacia Estados Unidos.
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En su comunicado a inversionistas, Vulcan sostuvo que el Tribunal determinó que México incurrió en diversas violaciones al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aunque reconoció que la compensación económica concedida fue «insignificante». La empresa señaló que, conforme a las reglas del procedimiento arbitral, el contenido íntegro de la decisión permanecerá confidencial hasta que pueda hacerse público.
El caso fue resuelto por un tribunal constituido bajo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial, donde Vulcan argumentó que diversas decisiones ambientales y administrativas del gobierno mexicano equivalían a una expropiación indirecta de sus inversiones en Quintana Roo.
El conflicto se intensificó durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando las autoridades federales ordenaron la clausura definitiva de las actividades extractivas y posteriormente decretaron como área natural protegida los terrenos donde operaba la empresa, argumentando la necesidad de proteger los ecosistemas costeros de la Riviera Maya. En el transcurso del arbitraje, la reclamación económica de Vulcan llegó a superar los mil 900 millones de dólares, aunque finalmente el Tribunal solo reconoció una compensación equivalente a cerca del 1% de lo solicitado.
La Secretaría de Economía afirmó que el resultado confirma el compromiso del Estado mexicano con el respeto a los tratados internacionales y con la protección del medio ambiente, al tiempo que reiteró que el país mantiene condiciones de certeza jurídica para la inversión extranjera
