El juez Ubaldo de la Sancha vinculó a proceso al dirigente del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), Jesús Plácido Galindo, por su presunta autoría intelectual en el homicidio del comisario de Xicotlán, José Pablo Bartolo Xanteco, ocurrido el 30 de octubre de 2021.
Fallo judicial y medidas cautelares
La resolución impone prisión preventiva oficiosa tras una audiencia virtual de 10 horas, trasladando al dirigente al penal federal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México, con un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan confirmó la apelación del fallo, la cual deberá formalizarse antes del martes 28 de julio. La defensa legal, encabezada por Aron Díaz, sostiene que la resolución judicial carece de sustento probatorio sólido y se fundamenta en elementos procesales cuestionables.
Inconsistencias en el expediente
El caso se sostiene sobre dos testimonios cuya validez jurídica ha sido impugnada por la defensa, advirtiendo irregularidades técnicas en la carpeta de investigación:
- Testigo desaparecido: El primer denunciante rindió su declaración en diciembre de 2021, pero se encuentra en calidad de desaparecido desde mayo de 2022.
- Contradicciones documentales: La firma del testigo presenta discrepancias con su credencial de elector y el legajo carece de sellos y códigos institucionales.
- Testimonio tardío: La hija de la víctima presentó su declaración apenas el 3 de junio de 2026, casi cinco años después de los hechos, replicando la versión del testigo desaparecido.
Presión política y tensiones territoriales
La detención, ejecutada el 17 de julio por un contingente de 40 elementos de seguridad, ha escalado el conflicto social en Guerrero y motivado movilizaciones internacionales.
Activistas del Congreso Nacional Indígena (CNI) denuncian que la captura responde a una alineación estratégica entre el gobierno estatal y federal con organizaciones criminales que operan en la región Centro. Paralelamente, la comunidad de Buenavista mantiene retenidos al director de Gobernación estatal, Rafael Julián Arcos, y al delegado regional, Germán Herrera Clemente, en exigencia de la libertad de su líder.
- Responsabilidad oficial: El CIPOG-EZ responsabiliza a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Evelyn Salgado por la criminalización de líderes comunitarios.
- Contexto de violencia: Desde 2014, el CIPOG, la CRAC-PF y el CNI han registrado 84 asesinatos y 25 desapariciones, atribuidos a grupos de la delincuencia organizada.
- Irregularidades en la captura: La defensa sostiene que Plácido Galindo fue interceptado mediante una supuesta citación oficial gestionada por el subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros.
