La Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta responsabilidad en una red de contrabando de hidrocarburos, sustentando la acusación con 90 pruebas documentales, periciales y financieras, aunque sin señalar a ningún servidor público en activo por omisiones administrativas.
El esquema de contrabando y la omisión institucional
La investigación de la FGR expone un sofisticado método de introducción ilegal de combustible a través de la infraestructura ferroviaria en las aduanas de Nuevo Laredo y Matamoros, eludiendo la supervisión gubernamental.
- Volumen de hidrocarburos: La red logró ingresar 18 millones 225 mil 657 litros de combustible mediante 163 carrotanques.
- Modus operandi: El producto, proveniente de ocho empresas en Texas, Estados Unidos, fue declarado falsamente como «solución de cloruro de calcio» para evadir los controles aduanales.
- Fallas de supervisión: Aunque la Fiscalía identifica a dos agentes aduanales, su condición legal como particulares exime de responsabilidad directa a la estructura de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
- Funcionarios como denunciantes: Personal de la ANAM y la Sener, como Isaac Alejo Hernández y Benjamín Rafael Gómez Martínez, figuran en el expediente exclusivamente como emisores de reportes técnicos o denunciantes, no como investigados.
Irregularidades en el sector energético y financiero
El entramado empresarial utilizó permisos excedidos y simulaciones contables para movilizar recursos millonarios sin activar los protocolos de alerta de las autoridades regulatorias.
- Exceso de capacidad: La empresa eje, Ingemar, importó mil 766 millones de litros de combustible, superando en más de 900% su permiso oficial de 173 millones de litros.
- Blanqueo de capitales: Se detectaron mil 492 operaciones financieras a través de 11 empresas, incluyendo firmas como Crismon, Mapror y Lambrucar, con transferencias hacia Texas, Dubái y Alemania.
- Facturación simulada: La red movilizó más de 9 mil 400 millones de pesos en operaciones irregulares, registrando depósitos por mil 926 millones de pesos en favor de una compañía que operaba con un único empleado.
Uso de fuentes abiertas en el sustento ministerial
La FGR integró inteligencia de fuentes abiertas como parte de los 90 datos de prueba, ante la dificultad de rastrear la estructura corporativa y las fracturas internas del grupo criminal.
- Consulta digital: Al menos cinco de las pruebas presentadas se basan en búsquedas de internet, informes de redes sociales y notas periodísticas de medios como Vanguardia.
- Verificación corporativa: Estas consultas permitieron a la autoridad vincular a la empresa Ingemar con un historial previo de tráfico de hidrocarburos en Coahuila desde octubre de 2018.
- Disputas internas: La Fiscalía documentó el deslinde del socio Ricardo Thompson Ramírez mediante notas periodísticas, evidenciando las tensiones en la cúpula del grupo.
- Apoyo de inteligencia: La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reconoció que las cuentas bancarias de los implicados fueron alertadas inicialmente por notas de prensa negativas sobre la comercialización ilícita de hidrocarburos.
Fallas operativas en las órdenes de captura
El operativo para localizar a los 25 implicados enfrentó obstáculos significativos, dificultando la detención de figuras clave como Ernesto Ruffo Appel y José Merino tras el inicio de las investigaciones en abril de 2025.
- Vigilancia infructuosa: En junio de 2026, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementó operativos en la Ciudad de México, Baja California, Hidalgo y Querétaro sin lograr la localización física de los líderes.
- Resistencia de información: En puntos como San Luis Potosí y Querétaro, las autoridades encontraron inmuebles sin actividad humana o vehicular, además de negativas de acceso por parte de casetas de seguridad.
- Precedente judicial: Inicialmente, el juez Mario Elizondo Martínez negó la orden de aprehensión por considerar insuficiente la justificación de la FGR, hasta que la jueza Alejandra Ramírez de la Vega libró el mandato el 14 de julio de 2026.
- Situación procesal: Tras una audiencia de 24 horas concluida el 23 de julio, la juzgadora Ramírez de la Vega dictó el auto de vinculación a proceso contra los primeros ocho detenidos del caso.
