La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene un proceso estancado contra el magistrado suspendido del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien recurre a estrategias legales y alegatos de identidad cultural para postergar la audiencia de imputación.
El uso de la autoadscripción indígena como maniobra dilatoria
La defensa legal del magistrado busca frenar la acción judicial invocando una pertenencia a comunidades originarias que carece de sustento pericial.
El proceso penal, cuya denuncia original data de febrero de 2022, ha enfrentado sucesivas interrupciones estratégicas:
- Prueba pericial fallida: El estudio técnico solicitado por el imputado concluyó que no posee vínculos con comunidades indígenas ni dominio de lenguas originarias.
- Sustitución de defensa: En dos ocasiones previas (marzo y mayo de 2026), el magistrado relevó a sus abogados de último minuto, obligando a diferir las diligencias para el estudio de la carpeta.
- Justificante médico: La audiencia programada para el 13 de julio de 2026 fue cancelada tras la presentación de un comprobante del ISSSTE por un esguince en el pie del funcionario.
Cronología de la obstrucción judicial
El caso acumula retrasos significativos desde la presentación de la denuncia inicial ante la FGJCDMX.
La acusación por violación contra Pedro Rodríguez Chandoquí, derivada de una reunión privada cuando se desempeñaba como secretario de acuerdos de la Presidencia del TFJA, ha transitado por las siguientes etapas:
- Febrero 2022: Presentación formal de la denuncia por parte de la víctima, identificada bajo el seudónimo Patricia “N”.
- Marzo 2026: Fecha inicial fijada para la audiencia de imputación en el Reclusorio Oriente, diferida por cambio de defensa.
- Mayo 2026: Segundo intento de audiencia frustrado por la misma causa procesal.
- Junio 2026: Dilación forzada tras la petición de realizar una prueba pericial cultural.
- Octubre 2026: Fecha actual de diferimiento del proceso, acumulando más de cuatro años desde los hechos denunciados.
Estatus institucional y medidas cautelares
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa mantiene al magistrado bajo suspensión mientras avanza la investigación interna por presunta violencia sexual y laboral.
La afectada, Patricia “N”, recibe atención especializada en el Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez” y en el Centro de Apoyo a Víctimas. Por su parte, la administración del tribunal, bajo la presidencia de Rafael Anzures, mantiene vigente el procedimiento administrativo sancionador contra el funcionario, cuya situación laboral permanece bajo investigación para determinar posibles conductas de acoso contra otras colaboradoras de la institución.
