Alejandro Peza/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- La secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, quien explicó que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aclara el alcance de la reforma judicial y descarta cualquier interpretación que ponga en duda la legalidad de los actuales nombramientos de magistrados o de la integración del Poder Judicial estatal.
Explicó que la resolución emitida no representa una desestabilización para el Poder Judicial de Quintana Roo, sino que brinda certeza jurídica al proceso de transformación judicial en la entidad, al validar la elección de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y establecer que el Congreso del Estado deberá armonizar la legislación local con la reforma constitucional federal para que la elección de los cargos pendientes se realice en 2028.
Cristina Torres recordó que la primera reforma judicial aprobada en Quintana Roo contemplaba la renovación de todos los cargos del Poder Judicial mediante elección en 2027. Sin embargo, en los artículos transitorios se establecía que los magistrados de reciente nombramiento podrían participar hasta el proceso electoral concurrente con las elecciones federales de 2033.
No obstante, explicó que el panorama cambió tras la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión en mayo de este año, la cual modificó el calendario de implementación de la elección judicial en las entidades federativas.
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«En Quintana Roo teníamos dos magistrados de reciente nombramiento, y la reforma establecía en un artículo transitorio que las siguientes elecciones debían coincidir con las federales. Pero, al modificarse la reforma constitucional este año, se determinó que la elección judicial de los cargos pendientes no será en 2027, sino en 2028, para quienes no pasaron por proceso electoral», señaló.
Cristina Torres explicó que, a partir de esta determinación, la Suprema Corte resolvió que Quintana Roo deberá realizar en 2028 la elección de aquellos cargos judiciales cuyos titulares no fueron electos mediante voto ciudadano, con el propósito de homologar el proceso local con el calendario federal.
Precisó que la resolución no implica la remoción de funcionarios judiciales ni deja sin efectos las designaciones previamente realizadas por las autoridades competentes.
«La Corte no invalida nombramientos, no invalida cargos y tampoco determina que exista alguna ilegalidad en el funcionamiento del Poder Judicial de Quintana Roo», enfatizó.
La secretaria de Gobierno destacó que el resolutivo ofrece claridad jurídica y evita interpretaciones erróneas sobre una supuesta crisis institucional dentro del Poder Judicial del estado.
Aseguró que ahora corresponderá al Congreso de Quintana Roo realizar las adecuaciones necesarias a la legislación local para armonizarla con la reforma constitucional federal, respetando los criterios establecidos por la Suprema Corte.
Indicó que este proceso permitirá que la implementación de la reforma judicial en Quintana Roo se lleve a cabo de manera ordenada, garantizando la continuidad de las funciones jurisdiccionales y otorgando certeza tanto a los integrantes del Poder Judicial como a la ciudadanía.
Sostuvo que la intención de la reforma es consolidar un sistema judicial más transparente y democrático, sin afectar la estabilidad institucional ni generar vacíos legales durante el periodo de transición.
