La justicia federal obliga al Ejecutivo a reglamentar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tras el incumplimiento del plazo legal de 60 días establecido desde abril de 2022, derivado de la parálisis administrativa en las secretarías correspondientes.
El litigio contra la negligencia gubernamental
La falta de reglamentación de la ley ha forzado a las organizaciones civiles a recurrir a los tribunales para garantizar la operatividad de los mecanismos de protección.
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa emitió una sentencia que exige a las autoridades responsables retomar las labores de dictaminación, integración y consulta. El fallo obliga a la emisión de un calendario vinculante que estructure las etapas de validación técnica y revisión jurídica, para finalmente remitir el proyecto a la Consejería Jurídica de la Presidencia. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Alertistas sostienen que la inoperancia gubernamental contraviene el discurso oficial de protección a las mujeres.
Parálisis operativa de las alertas nacionales
La gestión de la Secretaría de las Mujeres ha provocado un retroceso sistémico en la supervisión de las 26 Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) vigentes en 23 entidades del país.
- Desmantelamiento de controles: La eliminación de la obligatoriedad de los estados para informar sobre sus avances cada seis meses ha generado discrecionalidad en la actuación de los gobiernos locales.
- Falta de indicadores de impacto: Los recursos federales destinados a las AVGM, que sumaron 131 millones de pesos este año, se supervisan bajo criterios meramente administrativos de facturación sin auditar la reducción real de la violencia.
- Discrecionalidad presupuestaria: Se reportan casos como el de Colima, con 12 millones de pesos asignados, y Ciudad de México, con 4 millones, sin mecanismos claros de rendición de cuentas sobre el impacto de estos subsidios.
Obstáculos en la implementación regional
Las deficiencias administrativas impiden la atención de emergencias críticas y el cumplimiento de las recomendaciones emitidas para proteger a niñas y adolescentes.
En Guerrero, la solicitud de incorporar al municipio de Taxco a las alertas permanece estancada desde 2017, debido a que la Secretaría de las Mujeres no ha ejercido su facultad legal de actuar ante casos de emergencia. En Veracruz, la parálisis institucional ha bloqueado la declaratoria de una tercera AVGM enfocada en la desaparición de mujeres, sumándose a las ya existentes por feminicidio y agravio comparado. Por su parte, en Guanajuato se ha denunciado un uso propagandístico del mecanismo, donde los gobiernos locales alegan cumplimiento sin que existan políticas públicas efectivas para contener el incremento de la violencia.
