El Gobierno de Michoacán ejecutó la madrugada de este viernes el desalojo y aseguramiento del centro cultural Lo Común, inmueble ubicado en Héroes de Nacozari 370, bajo resguardo de la Coordinadora de Colectivos, Activistas y Organizaciones Sociales de Michoacán (CCAOS) desde mayo.
Operativo de aseguramiento en la capital michoacana
La intervención de las fuerzas de seguridad estatales se realizó durante la noche del jueves y la madrugada del viernes, culminando con la colocación de sellos oficiales y la instalación de una guardia policial permanente en el predio.
El inmueble, ocupado por la CCAOS tras la aprobación legislativa para desincorporar 38 activos estatales, permanece bajo custodia gubernamental. El operativo se sustenta en la estrategia estatal de gestión de patrimonio, la cual contempla la venta de 24 de los 38 inmuebles desincorporados por el Congreso de Michoacán.
La fractura entre la administración estatal y la CCAOS
La organización civil sostiene que el desalojo representa un ejercicio de represión que contraviene los compromisos previos de diálogo entablados por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
- Compromiso incumplido: La CCAOS asegura que el ejecutivo estatal prometió instalar una mesa de diálogo tras una visita al Centro Libre para las Mujeres el pasado 28 de mayo.
- Postura de la organización: Los colectivos rechazan la ilegalidad de su presencia en el lugar, argumentando que el inmueble se encontraba abandonado por el Estado antes de su intervención.
- Función del espacio: El centro cultural funcionaba como sede para actividades artísticas, educativas y de organización comunitaria bajo mantenimiento autogestivo.
Exigencias y respuesta del sector social
Las organizaciones demandan transparencia legal sobre el procedimiento de aseguramiento y el cese inmediato de la política de venta de activos públicos.
Los integrantes de la CCAOS han formalizado las siguientes peticiones ante las autoridades:
- Cancelación definitiva: Interrupción del proceso de venta de los 38 inmuebles desincorporados.
- Reconocimiento institucional: Validación del uso comunitario del espacio «Lo Común».
- Derechos Humanos: Intervención de las comisiones estatal y nacional para la emisión de medidas cautelares ante la presunta criminalización de la protesta.
- Salvaguarda de bienes: Garantía de acceso a las pertenencias personales y equipo cultural que permanecen en el interior del inmueble tras el desalojo.
La organización insiste en que los bienes públicos deben mantener una función social, criticando la visión de mercado que el Gobierno de Michoacán aplica sobre el patrimonio estatal.
