La resolución de este lunes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto a la reforma judicial de Quintana Roo, es mucho más grave que tan solo condicionar la continuidad de Heyden Cebada Rivas como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado.
No se trató —como interpretaron muchos “medios”— de la destitución ipso facto de Heyden Cebada. La cobertura de la resolución se circunscribió al exsíndico del ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún) por razones de la coyuntura política y, claro, por la corta visión de muchos comentólogos.
La SCJN no le dio una patada a Cebada Rivas, pero sí le condicionó su continuidad como presidente del TSJ a que se presentara a los próximos comicios judiciales, lo cual el abogado cancunense no quiso hacer y terminó obteniendo un pase directo.
Pero lo relevante es que la SCJN declaró la invalidez de buena parte de la reforma judicial, con la que se eligieron magistrados y jueces locales en 2025. Con este asunto se acumulan unas 12 leyes o decretos que fueron impugnados, ya sea por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o por la propia Consejería Jurídica del Gobierno federal, y que ha bateado el máximo órgano jurisdiccional del país, tanto en la etapa del PRIAN como en la actual, de Morena.
Carlos Felipe Fuentes del Río
La mente brillante de casi todas las iniciativas ha sido el consejero jurídico Carlos Felipe Fuentes del Río, a quien se le ha ocurrido desde expropiar terrenos para luego venderlos a desarrolladores, hasta prohibir manifestaciones.
Se ha buscado construir un estado autoritario, con el foráneo Fuentes del Río, como maquilador de leyes que rebasan hasta el sentido común.
Pero la “mata sigue dando”.
En días pasados también fue controvertida la reforma electoral (aunque más bien sería la contrarreforma), con la que se pretende tener cabildos del siglo pasado en Quintana Roo.
Ante tantos gazapos legales, quizá faltaría ponerle un consejero jurídico al consejero jurídico.
