Una jueza penal de Coahuila rechazó vincular a proceso a Roberto N, funcionario del Registro Público de la Propiedad, pese a denuncias que señalan su responsabilidad en la agresión sexual de cuatro menores dentro de su círculo familiar.
El quiebre en la causa penal 255/2026
La jueza Sandra Ramona Juárez desestimó la vinculación a proceso contra el funcionario estatal bajo acusaciones de delitos sexuales, ignorando testimonios vinculantes sobre agresiones a menores y adolescentes.
El expediente incluye acusaciones directas por actos ilícitos perpetrados contra cuatro víctimas. Entre los elementos ignorados por la autoridad judicial destacan:
- Testimonios omitidos: Declaraciones de dos hijastras del primer matrimonio del imputado que relataron agresiones similares durante su convivencia.
- Contradicción legal: El rechazo de testimonios de víctimas mayores de edad, contraviniendo criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la protección de víctimas de delitos sexuales en la infancia.
- Caso de la menor de 13 años: El funcionario permanece señalado por el abuso sexual de la hermana de su expareja, Yoselin Guadalupe Contreras García.
Obstáculos institucionales en el proceso
Las denunciantes reportan un patrón de vulnerabilidad y desprotección sistémica en las instancias estatales encargadas de la procuración de justicia y atención a víctimas.
El Centro de Empoderamiento para las Mujeres y la Procuraduría de las Niñas, los Niños y la Familia (Pronnif) desestimaron el caso de una menor de 9 años bajo el argumento de que carecía de «detalles de tiempo y espacio». Yoselin Contreras identificó las siguientes irregularidades como parte de una estrategia de salvaguarda hacia el funcionario:
- Deficiencia administrativa: Extravío de expedientes por violencia psicológica y económica presentados en el Centro de Empoderamiento.
- Actuación de Pronnif: Denuncias por maltrato y falta de atención por parte de Iván Sánchez Mercado, titular de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales.
- Presión externa: Reportes de acoso policiaco en el domicilio familiar y retención temporal de menores de edad.
Posicionamiento del poder judicial
Ante la controversia, el presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, descartó irregularidades y defendió la actuación de la jueza encargada.
Mery Ayup sostuvo que la resolución se ajusta a la legalidad y que las partes afectadas mantienen el derecho a la apelación. El magistrado calificó los señalamientos como un asunto «mediatizado», afirmando que los jueces actúan con imparcialidad. Por su parte, la Fiscal de las Mujeres, Katty Salinas, mantiene una postura de silencio respecto al caso, a pesar de las denuncias de violencia institucional que impiden el acceso a la justicia para las víctimas.
