El gobierno venezolano reporta menos de tres mil fallecidos tras los sismos, cifra que contradice los 65 mil 925 desaparecidos registrados. Esta divergencia estadística entre las autoridades y las plataformas independientes escala la incertidumbre sobre el impacto real de la catástrofe.
Brecha estadística en la gestión de la emergencia
La disparidad de datos oficiales frente a los registros de rastreo independientes evidencia una fractura en la transparencia gubernamental tras los sismos iniciados el 24 de junio de 2026.
La plataforma «Desaparecidos Terremoto Venezuela» detalla la siguiente situación respecto al censo de personas no localizadas:
- Total de desaparecidos reportados: 81 mil 731 individuos.
- Personas localizadas hasta la fecha: 15 mil 806.
- Cifra de desaparecidos actuales: 65 mil 925 personas.
- Proyección de la OMS: El organismo anticipa un aumento considerable en la cifra total de fallecidos.
Exigencia de transparencia y rendición de cuentas
El Laboratorio de Paz ha solicitado a la administración de Delcy Rodríguez una gestión fáctica y responsable de la información, criticando la opacidad informativa que agudiza la crisis humanitaria y el desconcierto ciudadano.
La organización civil sostiene que el derecho a la información pública, verificable y desagregada es innegociable. La falta de datos claros no solo dificulta la asistencia técnica y la identificación de necesidades, sino que erosiona los últimos vestigios de confianza institucional en la capacidad de respuesta estatal ante la emergencia.
Priorización del control territorial sobre la asistencia
Informes de la ONG Provea señalan que, en los estados más afectados como La Guaira, las labores de rescate recaen principalmente en voluntarios de la sociedad civil y organizaciones humanitarias, ante la ausencia de una logística estatal efectiva.
La intervención del aparato de seguridad refleja las prioridades del actual mando político:
- Control policial-militar: Los organismos de seguridad, habitualmente empleados en tareas de represión, se despliegan en el territorio priorizando el control en lugar de la logística de socorro.
- Obstrucción operativa: La presencia policial ha complicado el tránsito de ambulancias y la protección del personal sanitario, obligando a los rescatistas a gestionar la movilidad por cuenta propia.
- Desatención básica: Persiste la ausencia de servicios esenciales como el suministro de agua potable y alimentación para las poblaciones damnificadas.
Infraestructura colapsada y riesgo habitacional
El despliegue de ayuda internacional y las labores de búsqueda se concentran en las zonas donde la estructura habitacional ha sufrido daños críticos e irreversibles.
Gianluca Rampolla, delegado de la ONU, confirmó la existencia de al menos dos mil 500 edificios colapsados o severamente dañados. La situación habitacional en los estados de La Guaira, Miranda, Falcón, Carabobo y Yaracuy es alarmante, con 28 mil 380 viviendas catalogadas como inhabitables o bajo riesgo inminente de desplome.
Erosión institucional y denuncias de pillaje
La respuesta gubernamental ha sido calificada como tardía, centrando sus esfuerzos en la propaganda oficialista mientras proliferan las denuncias de corrupción y abusos en los sitios de los derrumbes.
El analista Luis Antonio Marcano advierte que el régimen mantiene sus capacidades de propaganda y represión, incluso durante la emergencia. Las denuncias de pillaje por parte de uniformados en edificaciones siniestradas, sumadas a la persecución de denunciantes como el caso de Leandro Villanueva en Yaracuy, confirman que la estructura represiva permanece intacta, coexistiendo con una gestión de crisis caracterizada por la inacción en el terreno y el oportunismo comunicacional.
