La Secretaría de Gobernación (Segob) ha requerido a Néstor Vargas, presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), para que explique la retención de indemnizaciones y pensiones complementarias a cerca de 200 exjuzgadores federales afectados por la reforma judicial.
El impago sistémico que desencadenó la intervención de Segob
Cerca de 200 exjuzgadores federales, incluidos exjueces de Distrito y exmagistrados de Circuito, enfrentan un conflicto de ocho meses por el impago de sus indemnizaciones y pensiones complementarias. Estas afectaciones surgieron directamente de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, específicamente lo establecido en su Décimo Transitorio. Los recursos para estas pensiones, originalmente resguardados en fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), fueron entregados a la Tesorería Federal (Tesofe) por Nacional Financiera (Nafin) sin notificación previa a los afectados.
La ex magistrada Elba Sánchez Pozos subrayó que la solicitud a la Secretaría de Gobernación de una mesa de diálogo busca el cumplimiento constitucional de los derechos de los extrabajadores. La reforma, eje central del problema, ha generado una crisis de liquidez para los juzgadores que se vieron obligados a salir del PJF.
La movilización de exjuzgadores demanda diálogo presidencial
Ante la prolongada falta de resolución, los exjuzgadores federales emprendieron una caminata desde el Monumento a la Revolución hasta la Segob. Su objetivo principal fue solicitar la instalación de una mesa de negociación directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum, buscando una solución definitiva al conflicto. La exigencia de un diálogo al más alto nivel subraya la percepción de un bloqueo en las instancias judiciales internas.
Durante la manifestación, la ex magistrada Sánchez Pozos articuló la necesidad de ser escuchados por la presidenta y todas las autoridades implicadas en la emisión de la reforma judicial. La comitiva de exmagistrados fue recibida en Segob por Tonatiuh Ramírez y otros dos funcionarios, quienes se comprometieron a dar seguimiento al asunto y a buscar a Néstor Vargas para obtener un informe sobre el caso, con avances prometidos en 15 días.
Bloqueo interno y rechazo de amparos agudizan la situación
El conflicto se ha intensificado debido a la conducta del presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas. Los exjuzgadores han denunciado trato despótico, falta de razones y hasta insultos por parte de Vargas. A pesar de haber acudido al presidente de la Suprema Corte y al Tribunal de Disciplina Judicial, la situación no ha podido destrabarse dentro del Poder Judicial.
La vía legal también ha sido infructuosa para los exjuzgadores, quienes han presentado demandas de amparo que, según sus testimonios, han sido «desechadas para sorpresa de nadie». Aquellas que han sido admitidas, se les ha negado la suspensión, dejando a los afectados sin protección legal efectiva y reforzando la percepción de un blindaje institucional contra sus reclamaciones.
Gestiones legislativas y la búsqueda de respaldo político
En su trayecto, los exjuzgadores federales, acompañados por una batucada, hicieron una escala estratégica en el Senado de la República. Ahí presentaron un escrito en la Oficialía de Partes solicitando una audiencia de 15 minutos con los legisladores, buscando el respaldo del poder legislativo para su causa. Esta acción evidencia un esfuerzo por ampliar el espectro de apoyo político más allá del ejecutivo y judicial.
Se había previsto que la diputada federal Margarita Zavala y el senador Ricardo Anaya los recibieran, aunque esto sería tras la conclusión de la sesión permanente del día. Los manifestantes optaron por continuar su camino, manteniendo la presión y la visibilidad de su demanda en múltiples frentes políticos.
