Cuatro exfuncionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) fueron sancionados con multas de 777.8 millones de pesos y una inhabilitación de diez años por desvío de recursos, marcando un hito en el mayor escándalo de corrupción del sexenio.
Megasanción por el quiebre institucional en Segalmex
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) ha resuelto imponer sanciones económicas significativas e inhabilitaciones prolongadas a exfuncionarios de Segalmex, entidad reconocida como el epicentro del mayor escándalo de corrupción de la administración lopezobradorista. Esta institución, actualmente denominada Alimentación para el Bienestar (Alibien), experimentó irregularidades que datan de 2019, el primer año de la Cuarta Transformación, conforme a los datos divulgados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Desvío de fondos y origen del fraude
Las investigaciones del TFJFA determinaron que los cuatro exservidores públicos de Segalmex excedieron la aplicación de recursos asignados al Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos. Adicionalmente, se comprobó el desvío de fondos destinados a este programa fundamental hacia la compra de fertilizantes, una acción que comprometió la integridad financiera y operativa de la dependencia. La magnitud de la multa, que asciende a 777.8 millones de pesos, y la inhabilitación de una década, subraya la gravedad de las infracciones.
Extensión del brazo sancionador: otros organismos gubernamentales
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, bajo la dirección de Raquel Buenrostro, reveló una serie de acciones sancionatorias que se extienden más allá de los exfuncionarios de Segalmex, impactando a otras dependencias y entidades gubernamentales por diversas faltas administrativas. Aunque los montos y los periodos de inhabilitación varían significativamente, estas acciones confirman una estrategia de combate a la corrupción transversal en la administración pública.
Inhabilitaciones y multas de menor cuantía
En contraste con las penalizaciones impuestas a los exfuncionarios de Segalmex, las sanciones adicionales son de cuantías inferiores y periodos de inhabilitación más acotados, pero reflejan un compromiso con la integridad en distintos niveles. Entre los casos resueltos, destacan:
- Servidores del SAT y Banco del Bienestar: Se les aplicaron inhabilitaciones de hasta 10 años por faltas administrativas, aunque sin detallar multas económicas específicas en el comunicado.
- Funcionaria del Instituto Nacional de Migración (INM): Multada con 1,300 pesos e inhabilitada por un año debido a la sustracción de bienes del organismo.
- Exfuncionario Ramiro «N»: Recibió una sanción económica de 9,000 pesos y fue apartado del servicio público federal por un año por aceptar sobornos a cambio de reducir adeudos con la CFE en la Zona de Torreón, Coahuila.
- Empleado del IMSS en Jalisco: Inhabilitado por un año tras realizar una toma de rayos X en el área de la pelvis a una paciente sin su autorización explícita.
La supervisión de la Secretaría Anticorrupción
La difusión de estas resoluciones por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a través de un comunicado pormenorizado demuestra la labor de fiscalización y el avance en el procesamiento de responsabilidades administrativas en la administración pública. La institución, con Raquel Buenrostro a la cabeza, evidencia una postura firme frente a las conductas irregulares, desde los desvíos millonarios en Segalmex hasta faltas administrativas de menor escala en otras dependencias.
