Por Alejandro Peza
CHETUMAL.- La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) mantiene una cartera vencida superior a los 900 millones de pesos por adeudos acumulados de usuarios en todo Quintana Roo, de los cuales alrededor del 60 por ciento corresponden a cuentas ubicadas en Chetumal.
El director de la Dirección de Recuperación de Adeudos y Fiscalización (DRAEF), José Francisco Trujillo Brandi, explicó que el organismo enfrenta un rezago histórico que asciende a 904 millones de pesos, producto de la falta de pago de miles de usuarios durante años.
Detalló que gran parte de estos adeudos se concentra en la capital del estado, donde existen numerosos predios abandonados o viviendas cuyos propietarios dejaron de cumplir con sus obligaciones ante la CAPA.
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Trujillo Brandi señaló que algunos de los adeudos tienen una antigüedad de hasta dos décadas, situación que ha complicado las labores de recuperación de recursos para el organismo operador del agua.
Indicó que en muchos casos se trata de inmuebles deshabitados, propiedades en litigio o casas destinadas al arrendamiento cuyos propietarios descuidaron el pago de los servicios.
“Chetumal concentra aproximadamente el 60 por ciento de la cartera vencida estatal. Son adeudos históricos que en algunos casos tienen hasta veinte años de antigüedad y que están relacionados principalmente con predios abandonados o propietarios que dejaron de atender sus obligaciones”, explicó.
Ante este panorama, la CAPA mantiene una estrategia orientada a facilitar la regularización de los usuarios mediante incentivos y esquemas flexibles de pago.
El titular de la DRAEF destacó que actualmente se ofrecen descuentos de hasta el 100 por ciento en multas y recargos para quienes decidan ponerse al corriente.
Asimismo, precisó que los usuarios con adeudos importantes pueden acceder a convenios de pago de hasta 36 meses, lo que permite liquidar sus cuentas de manera gradual sin afectar significativamente su economía familiar.
Subrayó que la actual administración estatal ha privilegiado los mecanismos de conciliación y regularización voluntaria, por lo que se suspendieron por completo las acciones de embargo que anteriormente se aplicaban para recuperar adeudos.
“Lo que buscamos es que los ciudadanos se acerquen, revisen su situación y aprovechen los beneficios que se están otorgando para regularizarse. La intención no es afectar el patrimonio de las familias, sino recuperar recursos que permitan seguir fortaleciendo la infraestructura y los servicios que presta la CAPA”, expresó.
