Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa abandonaron la Ciudad de México, acusando al gobierno de Claudia Sheinbaum y Clara Brugada de violar su derecho a la protesta al impedir la entrada de estudiantes, una acción que forzó la cancelación de una reunión clave con funcionarios federales. Esta situación intensifica las tensiones en su exigencia de justicia, que se extiende por casi 12 años.
Bloqueo policial agrava la búsqueda de justicia por los 43 normalistas
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) impidió el ingreso a la capital a 17 camiones con estudiantes de normales rurales, una acción que los familiares de los 43 desaparecidos catalogaron como una grave violación al derecho fundamental a la protesta social, desencadenando la salida anticipada de los padres de la CDMX.
Madres y padres de los normalistas, apoyados por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Antimonumento +43, criticaron la determinación del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la alcaldesa Clara Brugada, subrayando que esta interrupción impidió la compañía de otros estudiantes en sus movilizaciones, una práctica constante durante casi 12 años. La restricción de tránsito fue justificada por las autoridades como un asunto de «seguridad nacional», motivo que los padres consideraron un pretexto para la criminalización.
Demanda urgente: Reinstaurar líneas del GIEI y acceso a folios CERFI
Las madres de familia exigieron la reactivación de las líneas de investigación abandonadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum desde 2024, las cuales fueron establecidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enfatizando la necesidad de explorar nuevas rutas investigativas.
En un pronunciamiento leído antes de retornar a Guerrero, Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa, e Hilda Hernández, madre de César Manuel González, detallaron las peticiones prioritarias para una reunión con los titulares de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez), Relaciones Internacionales (Roberto Velasco) y la FGR (Ernestina Godoy), encuentro que finalmente fue suspendido en protesta por los bloqueos. Las demandas clave articuladas por los familiares fueron:
- Retoma de las líneas GIEI: Exigen reactivar las líneas de investigación propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, las cuales fueron abandonadas desde el año 2024.
- Entrega de folios CERFI: Reclaman la entrega de los 853 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) de Iguala, donde se presume existe información crucial sobre el paradero de los 43 normalistas.
- Comisión de trabajo para folios CERFI: Solicitan a la FGR la creación de una comisión integrada por cinco padres y cuatro asesores jurídicos para analizar 33 folios CERFIS y extraer datos relevantes.
- Extradición de Tomás Zerón: Demandan a la Cancillería la extradición del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, quien es corresponsable de la «verdad histórica» y reside en Israel.
- Extradición de José Ulises Bernabé: Piden la extradición de José Ulises Bernabé, exjuez de barandilla en Iguala, acusado de entregar a 17 jóvenes normalistas al crimen organizado, actualmente en Estados Unidos.
- Retorno del GIEI: Solicitan el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes bajo un mecanismo apropiado.
- Cese de criminalización: Exigen a la Segob poner fin a la criminalización y represión del movimiento, rechazando las descalificaciones de «vándalos,» «violentos» o «ultraderechistas» emitidas desde Palacio Nacional.
Agresiones e intimidación: padres claman verdad frente al Estado
María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo, relató un incidente de revisión «humillante con perros» a los camiones el 8 de junio, una situación inédita en casi 12 años de su lucha, lo que evidencia un patrón de escalada en la confrontación con las autoridades.
Los padres manifestaron que son «personas trabajadoras del campo que no tienen ideologías», y que su lucha es impulsada por el amor hacia sus hijos, con la promesa de pelear «a costa de sus vidas» por su presentación. Rechazaron categóricamente las acusaciones de ser «ultraderecha», destacando que los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos son «estudiantes campesinos» formados en ideología marxista, lo cual no debería ser motivo de persecución si el gobierno prioriza a los pobres.
Sheinbaum: defensa de Omar García Harfuch y la «verdad histórica»
Mario César González, padre de César Manuel González, interpeló directamente a la presidenta Sheinbaum, acusándola de «defender a los criminales» y específicamente a Omar García Harfuch, quien en 2014 fungía como comisionado de la Policía Federal en Guerrero. Harfuch participó en el «cuarto de guerra» donde se orquestó la «verdad histórica», una narrativa que sostiene la ejecución de los normalistas y la incineración de sus cuerpos, atribuyendo estos hechos a Guerreros Unidos y policías municipales.
María de Jesús Tlatempa lamentó la burla gubernamental, afirmando que el Estado conoce el destino de sus hijos, pero se niega a investigar a los militares implicados. Recordó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reconoció la desaparición de los 43 normalistas como un «crimen de Estado», reforzando su determinación a seguir la lucha hasta alcanzar la verdad y la justicia. El padre Mario González también reconoció las movilizaciones sociales del 11 de junio, especialmente la de las madres buscadoras, cuya lucha ha sido cuestionada por la propia presidenta Sheinbaum. Los padres de familia afirman que solo buscan «pegar las caritas de nuestros hijos donde pudiéramos» y que la respuesta del gobierno fue «mandarnos miles de policías».
