Tras 24 horas de secuestro, Erik Zertuche López, hijo de la diputada federal Rocío López Gorosave, y José Héctor Olivero Carabita fueron rescatados con vida en Baja California, resultado de un operativo coordinado entre fuerzas de seguridad estatales y federales.
El quiebre de la libertad: cronología de un rapto
La privación ilegal de la libertad de los inspectores del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California (IMOS) ocurrió el miércoles 10 de junio, cerca de las 21:00 horas, marcando el inicio de una intensa movilización. Zertuche López y Olivero Carabita fueron interceptados por un comando armado compuesto por al menos 15 individuos. Este incidente se registró a la altura de la delegación Punta Colonet, en el municipio de Ensenada, cuando los funcionarios regresaban de una diligencia oficial en San Quintín.
Para las 22:00 horas del jueves 11 de junio, comenzaron a circular las primeras versiones sobre la localización de los inspectores, quienes, según los reportes, eran trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Ensenada. Posteriormente, a las 23:24 horas de ese mismo día, la legisladora federal Rocío López Gorosave confirmó el rescate.
Activación interinstitucional y detalles herméticos
Un amplio despliegue de seguridad culminó con la localización de los inspectores, si bien los detalles precisos del operativo se mantienen bajo reserva oficial. La confirmación del rescate provino de la propia diputada López Gorosave a través de sus redes sociales. En su mensaje, de tono institucional, la legisladora reconoció la labor conjunta de diversas corporaciones:
- Secretaría de la Defensa Nacional
- Gobierno estatal de Baja California
- Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
- FGE
- Otras corporaciones de seguridad y procuración de justicia
La FGE informó que ambos inspectores fueron «liberados por sus captores» en la delegación de San Vicente Ferrer, ubicada a 84 kilómetros al sur del puerto ensenadense. La dependencia confirmó que Zertuche López y Olivero Carabita se encontraban en buen estado de salud, y que la investigación sobre el caso continúa activa.
Escalada de fuerzas en la respuesta estatal
La operación de rescate y aseguramiento involucró una secuencia coordinada de unidades de seguridad. Los primeros en llegar al sitio fueron elementos de la policía preventiva, seguidos por seis unidades de la FGE. Posteriormente, se incorporaron a la movilización:
- Fuerzas Estatales
- Guardia Nacional
- Agencia Estatal de Investigación (AEI)
- Ejército
No obstante, la cantidad específica de elementos de cada corporación que participaron en el operativo no fue detallada por las autoridades.
El eco de una voz recuperada y el silencio persistente
José Héctor Olivero Carabita, además de inspector del IMOS, es profesor de artes marciales. Tras su liberación, divulgó un video donde afirmó encontrarse en su hogar y aseguró no haber sido objeto de tortura. En su testimonio, refirió únicamente «unas cosillas físicas» debido a «algunas posiciones que tuvo en el lugar», mencionando contracturas en los hombros y dificultad para mover los brazos, pero enfatizando que no fue «maltratado, golpeado, ni torturado». Sin embargo, su familia solicitó a la prensa local el retiro del video, argumentando que Olivero Carabita no se encontraba en óptimas condiciones y estaba «afectado» por el suceso.
Erik Zertuche López, hijo de la diputada López Gorosave y del abogado inmobiliario Juan Antonio Sánchez Zertuche, no ha emitido ninguna declaración pública al respecto hasta el momento.
Compromiso político y solidaridad legislativa
La diputada Rocío López Gorosave, con trayectoria que incluye su origen en el Partido del Trabajo y su paso como oficial mayor en los dos primeros años de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, expresó su profundo agradecimiento a las autoridades federales y estatales por el rescate. En su mensaje, la legisladora morenista también extendió su solidaridad a las familias que han sufrido la desaparición de seres queridos. Reafirmó su compromiso de utilizar sus facultades y posibilidades para contribuir al retorno seguro de estas personas a sus hogares y para la erradicación de este delito en Baja California y en el país.
