La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió la vinculación de Morena con el crimen organizado, atribuyendo las acusaciones a una campaña de la ultraderecha mexicana y estadounidense que busca influir en procesos electorales futuros, rechazando la validación automática de solicitudes de extradición sin pruebas.
El gobierno desarticula acusaciones sobre vínculos delictivos
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró categóricamente que es «falso de toda falsedad» la existencia de integrantes de Morena vinculados al crimen organizado. La mandataria contextualizó estas afirmaciones como parte de una campaña orquestada por la ultraderecha mexicana. Esta campaña, explicó Sheinbaum, posee conexiones directas con sectores de la ultraderecha en América Latina y en Estados Unidos.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo enfatizó que la población conoce la realidad política del país. Afirmó: «La gente lo sabe, si no, no tendríamos el apoyo popular que tenemos y López Obrador no estaría en el corazón del pueblo de México». Esta declaración subraya la percepción de un respaldo ciudadano consolidado, que desmentiría las acusaciones de vínculos delictivos dentro del partido en el poder.
Cómo una solicitud de extradición aviva la retórica política
Claudia Sheinbaum identificó un catalizador principal para la intensificación de esta campaña. Se trata de la solicitud emitida por Estados Unidos con fines de extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Este evento, según la presidenta, desencadenó una fuerte ofensiva mediática.
Sheinbaum describió cómo, a partir de este incidente, se «desata una campaña muy fuerte que continúa en las redes sociales y prácticamente todos los medios de comunicación, con sus excepciones». La narrativa central de esta campaña, según la mandataria, acusa al partido y al gobierno de ser un «narcopartido, narcogobierno». La presidenta atribuyó esta estrategia a «los sectores más de derecha, de la ultraderecha en Estados Unidos», los cuales estarían vinculados a una facción del gobierno estadounidense. El objetivo, según su análisis, es utilizar a México como parte de su retórica electoral en las elecciones de noviembre de 2026 y forjar alianzas con la ultraderecha mexicana para los comicios de 2027.
La defensa de la soberanía ante injerencias externas
Frente a las investigaciones sobre presuntos nexos de miembros de Morena con el crimen organizado, la mandataria planteó una pregunta fundamental: «¿Quién es el que pone y quita autoridades en México?». Ella misma respondió con firmeza: «El pueblo». Esta respuesta reafirma la soberanía nacional y la capacidad de decisión interna del país.
Sheinbaum Pardo detalló el protocolo de actuación ante cualquier denuncia: «si hay denuncias de algún funcionario, servidor público, en México se investigan y se procede, como se ha hecho en desde que llegamos». Este mecanismo busca garantizar la aplicación de la justicia a nivel nacional. La presidenta instó a no «suponer que todo lo que diga una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos es verdad por el solo hecho de decirlo». Argumentó que aceptar tal premisa implicaría permitir que «quien defina el futuro de México no sean los mexicanos, sino sea el exterior».
Finalmente, Sheinbaum aseguró que esta postura se mantendría idéntica si el acusado por Estados Unidos fuera un gobernador de oposición. «Diríamos exactamente lo mismo, en funciones, no importa si fuera del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, si viniera de fuera, del Departamento de Justicia una solicitud para alguno de ellos, diríamos: ¿Dónde están las pruebas? No tenemos por qué tomar a ciegas lo que se pide». Esta declaración enfatiza un principio de exigencia de pruebas y la no aceptación de imposiciones externas, sin importar la afiliación política del señalado.
