La senadora del PRI, Paloma Sánchez, junto a la Alianza Mexicana de Abogados, solicitó la desaparición de poderes en Sinaloa, citando 631 días de «narcoguerra», presuntos vínculos del gobernador con el narcotráfico y una profunda desestabilización gubernamental.
La formalización de una demanda radical en Sinaloa
Una solicitud formal para la desaparición de poderes en Sinaloa fue entregada al Senado de la República por la senadora del PRI, Paloma Sánchez, en colaboración con la Alianza Mexicana de Abogados. Esta acción, anunciada en una conferencia de prensa celebrada en Ciudad de México el martes 2 de junio de 2026, representa un movimiento político significativo en un contexto de creciente preocupación por la gobernanza estatal. La demanda se articula bajo la premisa de una «narcoguerra» que ha asolado la entidad por 631 días, instando a la salida de lo que los proponentes denominan «narcopolíticos» del estado.
Desvelando la «narcoguerra»: crónica de 631 días de conflicto
La legisladora sinaloense enfatizó la persistencia de una «narcoguerra» en Sinaloa, contabilizando 631 días de conflicto, equivalente a 21 meses, o casi dos años, desde el estallido de enfrentamientos entre las facciones de «Chapitos» y «Mayos» tras la captura de Ismael «El Mayo Zambada». Este periodo ha sido caracterizado por una búsqueda constante de la verdad y justicia por parte de los ciudadanos. La senadora Sánchez afirmó que la población sinaloense ha exigido reiteradamente la verdad sobre la situación.
La revelación de la verdad, aunque lamentable y originada por Estados Unidos y no por México, ha confirmado la existencia de un «narcogobernador» y un «narcogobierno» operando bajo un pacto criminal.
La falta de paz y la urgente necesidad de que los «narcopolíticos» abandonen el estado motivaron la presentación de esta solicitud, respaldada por abogados y la sociedad civil.
Un gobernador bajo el escrutinio de vínculos ilícitos
Central a la argumentación de la solicitud de desaparición de poderes se encuentra la acusación del gobierno de Estados Unidos. Esta acusación señala presuntos vínculos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el narcotráfico. La senadora del PRI recalcó cómo esta revelación ha validado las exigencias ciudadanas de justicia y mano dura.
La demanda planteada es clara: Rocha Moya debe enfrentar la situación y, crucialmente, apartarse de su cargo. Se sostiene que su continuidad ha impedido la llegada de la paz a la entidad, un anhelo fundamental de los sinaloenses que se mantiene insatisfecho hasta la fecha.
El argumento central: co-gobierno entre poder y delincuencia
Ricardo Beltrán Verduzco, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, declaró que Sinaloa ha sido, por más de 21 meses, el epicentro de la inseguridad a nivel nacional e internacional. Su análisis lo posiciona con niveles de inseguridad comparables solo a países como Arabia, Irán, Rusia y Ucrania. El litigante argumentó que esta situación es insostenible para la ciudadanía.
La solicitud de desaparición de poderes se fundamenta en la percepción de un poder ejecutivo «minado» que, según Beltrán Verduzco, co-gobierna con la delincuencia organizada. Esta cooptación se extiende al poder legislativo, también acusado de operar bajo la influencia criminal.
Se enfatizó que las pasadas elecciones estuvieron permeadas por recursos provenientes de la delincuencia organizada. Según los peticionarios, una gran mayoría de los diputados de Morena, junto con otros candidatos del mismo partido que contendieron para el Senado, diputaciones federales y locales, e incluso todas las presidencias municipales, habrían recibido dichos recursos.
Repercusiones económicas y la imagen global de Sinaloa
La intervención de la delincuencia organizada y la inseguridad tienen un impacto directo en la identidad y la economía de Sinaloa. El litigante Ricardo Beltrán Verduzco destacó la importancia histórica del estado como el principal granero del país. Sinaloa también sobresale como uno de los principales productores de hortalizas y mariscos, tanto a nivel nacional como en Latinoamérica.
Sin embargo, afirmó que estas actividades productivas cruciales están actualmente «casi en manos de los poderes fácticos». La comunidad local y los impulsores de la solicitud buscan recuperar el estatus y la integridad económica de Sinaloa, gravemente comprometidos por la situación actual. La preocupación se centra en cómo la percepción de un estado controlado por la delincuencia socava su potencial productivo y su imagen en el panorama global.
Los defensores de un cambio: actores clave de la solicitud
La solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa fue presentada por un grupo de figuras prominentes que representan tanto al ámbito político como al jurídico. Al frente de esta iniciativa se encuentra la senadora del PRI, Paloma Sánchez, quien ha sido una voz activa en la denuncia de la situación en su estado natal.
La acompañan en esta gestión el presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, Ricardo Beltrán Verduzco, quien ha aportado el análisis sobre la creciente inseguridad y la cooptación de poderes. Asimismo, participan el vicepresidente nacional de la Alianza de Abogados, Julio Sergio Alvarado, y el litigante Rey Abel López Verdugo, completando el equipo que formalizó esta demanda ante el Senado de la República.
