La comunidad nahua de Ostula, en la Sierra-Costa de Michoacán, enfrenta un escenario de violencia dual: ataques del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y acciones de la Secretaría de Marina que son calificadas como hostigamiento. Los residentes denuncian complicidad institucional frente al despojo territorial.
Doble embate en la sierra-costa: drones, explosivos y marinos
Este miércoles, 27 de mayo de 2026, se registró un nuevo ataque contra la comunidad nahua de Ostula, perpetrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Estos hechos ocurrieron de manera paralela a la intervención de elementos de la Secretaría de Marina, quienes intentaron irrumpir en la playa de la comunidad.
Según la denuncia pública realizada por las autoridades agrarias y civiles de Ostula, el asedio a la Encargatura de la Cofradía de Ostula se manifestó en dos momentos críticos. Por la mañana, los ataques ocurrieron simultáneamente con la acción de los marinos en la playa. Posteriormente, durante la tarde, la agresión escaló con el uso de drones y explosivos, generando daños directos en viviendas y vehículos de la comunidad.
Cuestionando al protector: la Marina bajo el ojo crítico de Ostula
La comunidad expresa su asombro ante la conducta de la Marina. Desde su perspectiva, la función primordial de esta institución debería ser la protección de la población civil, no su hostigamiento. Este señalamiento cobra mayor relevancia al producirse en un momento en que Ostula sufre la embestida de un cártel con un historial de cuantiosos asesinatos, desapariciones y daños en la región y el país.
Los recientes ataques del Cártel Jalisco Nueva Generación contra Ostula son percibidos por la comunidad como realizados con la «acción cómplice de la Marina Armada de México». Esta acusación subraya una profunda desconfianza y un cuestionamiento directo sobre el rol de las fuerzas de seguridad en la defensa de los derechos y la integridad de los pueblos originarios.
Territorio en disputa: cómo el cártel despoja y destruye la tierra
El CJNG ha mantenido una presencia en la Sierra-Costa michoacana desde al menos 2020, conforme a lo expuesto por Ostula en su denuncia. Este grupo criminal ha ocupado progresivamente poblaciones y cabeceras municipales, forzando el desplazamiento de numerosas familias ante sus actos de violencia, que incluyen la desaparición y asesinato de defensores del territorio.
Más allá de la violencia directa, el CJNG ha forjado acuerdos con empresas mineras y con grupos interesados en el despojo de los territorios ancestrales de la comunidad. Esta alianza persigue un beneficio económico a costa de la «destrucción de la Madre Tierra». La comunidad de Ostula ha declarado enfáticamente su negativa a permitir esta explotación.
Interrogantes que claman justicia: el pueblo contra la impunidad
La comunidad nahua de Ostula denuncia la ausencia de acciones contundentes por parte de las instituciones de seguridad para desarticular al CJNG, tanto en la región como en el resto del país. Esta inacción genera profundas interrogantes entre sus habitantes.
Cuestionan si, como ciudadanos de México, no merecen la atención y protección que el gobierno está obligado a proporcionar. Se preguntan si estas instituciones actúan en complicidad con el crimen organizado. La comunidad llega a cuestionar si el gobierno de México es un gobierno criminal que se beneficia de la violencia, la ilegalidad, el despojo y la explotación de sus pueblos. Finalmente, lanzan un llamado desesperado: «¿A quién tenemos que recurrir para que se detenga la violencia?»
