Leslie Gordillo/CARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- La actividad inmobiliaria, una de las industrias más importantes de Quintana Roo, se encuentra en la lista de actividades vulnerables en las que ya se están aplicando revisiones bajo la ley «antilavado».
Fausto Darío Bañuelos Sánchez, presidente de la comisión encargada del tema en el Colegio de Contaduría Pública, dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera de Quintana Roo y el SAT federal coordinan verificaciones para supervisar las actividades vulnerables en la entidad.
«Es importante que se sensibilice que en ciertas actividades le van a pedir su identificación, porque tenemos, por ejemplo, en la actividad inmobiliaria que muchas veces los clientes compradores saben que el notario público les va a pedir sus documentos y no tienen tanto problema, pero no saben que el asesor inmobiliario también les tiene que pedir los mismos documentos», ejemplificó.
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Estas acciones buscan que los sujetos obligados generen la información necesaria para las autoridades y la atención se enfoca en sectores con alta actividad económica que requieren mayor fiscalización.
Señaló que identificar clientes y resguardar expedientes es una obligación ineludible, por lo que omitir estos trámites administrativos puede derivar en multas millonarias para los prestadores de servicios que operan fuera del marco legal, establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
«Es un tema administrativo como de una licencia de funcionamiento o como un aviso de Cofepris. Es un tema administrativo que aplica a un grupo o a un sector especial de la población en primer lugar y que sí, claro, puede tener efectos de tipo penal al mediano o largo plazo», puntualizó.
Por último advirtió que el control financiero seguirá evolucionando hacia un monitoreo tecnológico más estrecho sobre los recursos de cada ciudadano.
