Cinco figuras clave de Sinaloa, incluidos Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázarez, declararon el 26 de mayo de 2026 ante la FGR en Culiacán por presuntos vínculos con «los Chapitos», marcando un fuerte contraste en sus modos de llegada y acceso a los medios.
Las puertas de la FGR se abren de forma desigual en Culiacán
El 26 de mayo de 2026, la delegación Sinaloa de la Fiscalía General de la República (FGR) fue escenario de un marcado contraste. Las puertas del recinto se abrieron para permitir el acceso de vehículos de lujo que transportaban a Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez y Juan de Dios Gámez Mendivil. Estos funcionarios llegaron y se retiraron en un despliegue de automóviles y seguridad, evitando el contacto con la prensa.
En contraparte, esas mismas puertas permanecieron cerradas para Dámaso Castro Saavedra y Marco Antonio Almanza Avilés. Ambos exfuncionarios acudieron a pie a su cita con la FGR, ingresando y saliendo de la sede sin la misma ostentación, lo que los expuso directamente a los medios de comunicación presentes. Los cinco individuos, citados para declarar, enfrentan acusaciones por presuntos nexos con «los Chapitos». Sin embargo, la disparidad en su llegada ante la autoridad se replicó en su interacción con la prensa, ya que solo los que ingresaron caminando se pronunciaron públicamente.
Negación categórica: las declaraciones frente a los medios
Dámaso Castro, exvicefiscal de Sinaloa, aprovechó su comparecencia para rechazar enfáticamente cualquier vínculo con «los Chapitos». Ataviado con un saco, a pesar de la calurosa primavera de Culiacán, el funcionario declaró a los medios que no posee relación alguna con el grupo y que se mantendrá a la espera de la integración formal de la carpeta de investigación.
Por su parte, Marco Antonio Almanza Avilés, quien fuera director de la Policía de Investigación en Sinaloa, también optó por una negación tajante. El agente jubilado, abordado por reporteros a su llegada a pie, aseguró no pertenecer a ninguna organización delictiva. Sus palabras fueron directas: «No serviría ni de testigo protegido, ni de testigo colaborador, porque nunca he pertenecido a un grupo. Toda mi vida fui policía investigador y me preparé para eso», sentenció, reforzando su identidad profesional como pilar de su defensa.
Mientras tanto, Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez y Juan de Dios Gámez Mendivil, tras su llegada en vehículos de lujo, mantuvieron un silencio absoluto. No hubo apariciones públicas ni declaraciones a medios de comunicación, ya sean locales o nacionales, desde su comparecencia.
Estatus político bajo la lupa: licencias y aferramientos
Las implicaciones políticas de estas comparecencias se manifiestan en el estatus actual de los funcionarios. Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, solicitó licencia a su cargo desde el 1 de mayo. Esta acción fue emprendida específicamente para enfrentar las diligencias judiciales que ahora lo vinculan a estas acusaciones.
De manera similar, Juan de Dios Gámez Mendivil, ahijado de Rocha Moya, se separó de su puesto como alcalde de Culiacán. Esta separación ocurrió el mismo 1 de mayo, coincidiendo con la fecha en que su padrino solicitó la licencia de gobernador. En contraste con las decisiones de Rocha y Gámez, Enrique Inzunza Cázarez ha adoptado una postura diferente. A través de sus redes sociales, Inzunza ha comunicado en reiteradas ocasiones su intención de no separarse de su cargo actual, marcando una distinción clara en el manejo de su situación política frente a las acusaciones.
El eco transfronterizo: casi 30 días de acusaciones de EE. UU.
La comparecencia de estos cinco individuos ante la FGR se inscribe en un contexto de presión internacional. Han transcurrido casi 30 días desde que el gobierno de Estados Unidos hizo públicas acusaciones formales contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. Estos señalamientos los vinculan directamente con actividades de narcotráfico, y el proceso incluyó la divulgación de solicitudes de extradición para estos mismos personajes. Este movimiento del gobierno norteamericano ha generado una ola de escrutinio sobre la clase política sinaloense, llevando a figuras prominentes ante la justicia mexicana y estableciendo un precedente para futuras investigaciones y comparecencias relacionadas con la lucha contra el crimen organizado transnacional.
