La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su administración carece de obligación legal para vigilar a individuos requeridos por Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico, pese a la activación de fichas rojas de Interpol para su detención internacional.
Rechazo a la vigilancia externa y la soberanía jurídica
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que su gobierno no posee ninguna obligación legal para mantener vigilancia sobre personas acusadas por Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico, más allá del caso particular del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Esta postura se emite a partir de una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos que involucra a exfuncionarios mexicanos.
Activación de la ficha roja de Interpol y sus límites
Sheinbaum informó que, como resultado de las investigaciones estadounidenses, se activó una ficha roja de Interpol. Esta medida busca la detención de los señalados en otros países si estos abandonaran territorio mexicano. «Hay una orden de aprehensión por parte del Gobierno de Estados Unidos, eso hace que se alerte en fichas rojas por parte de la Interpol, eso es del Gobierno de Estados Unidos. Si ellos llegaran a salir de México, otros países, a partir de la alerta roja que emitió el gobierno de Estados Unidos, pudieran llegar a detenerlos», explicó durante su conferencia matutina. La mandataria enfatizó que su administración no tiene la responsabilidad de mantener contacto directo con los acusados por Estados Unidos, ni les ofrece protección, a diferencia del caso de Rocha Moya.
El blindaje presidencial para Rocha Moya y otras ausencias
Sheinbaum defendió la protección brindada a Rubén Rocha Moya, indicando que esta se justifica para preservar su vida, al igual que la de cualquier ciudadano mexicano. Esta protección, gestionada por el gobierno, fue solicitada por el propio Rocha Moya y, según la presidenta, fue sugerida por el Gabinete de Seguridad. La situación de Rocha Moya contrasta con la de los otros individuos requeridos por Estados Unidos, a quienes no se les ha asignado ningún tipo de custodia o seguimiento específico por parte del gobierno mexicano.
Discrepancias sobre la fuente de protección estatal
En un punto de divergencia informativa, la mandataria mexicana afirmó que la seguridad de Rocha Moya corre a cargo de la Guardia Nacional. Sin embargo, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, especificó que la protección en cuestión es de naturaleza estatal. A pesar de la investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) en México contra Rocha y otros nueve individuos, la presidenta reiteró la ausencia de un marco legal que obligue a su administración a establecer una vigilancia particular sobre las demás personas implicadas en las investigaciones estadounidenses.
Decisiones individuales y el proceso judicial binacional
Respecto a Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, y Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de la misma entidad, quienes se entregaron a autoridades estadounidenses, la presidenta Sheinbaum insistió en desconocer las motivaciones de su acción. «Ellos decidieron entregarse, las dos personas entraron en contacto con Estados Unidos», afirmó, añadiendo que «allá sabrán ellos por qué se entregaron». Sheinbaum también cuestionó la necesidad de que su gobierno mantuviera comunicación con el resto de los investigados en Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado. De manera categórica, la presidenta descartó solicitar información sobre esta investigación al gobierno de Estados Unidos, argumentando que se trata de una solicitud emitida por una oficina específica del Departamento de Justicia estadounidense.
