Redacción/CARIBE PENINSULAR
BACALAR.- La Asamblea Comunitaria Maya de San Román, en el municipio de Bacalar, acordó adherirse a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relacionada con la protección de la dignidad y patrimonio cultural maya, dentro del litigio derivado del incidente de suspensión 4/2025 del juicio de amparo 1649/2024.
La comunidad autorizó además establecer contacto con las autoridades de otras mil 20 comunidades mayas de Quintana Roo, Campeche y Yucatán incluidas en el catálogo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), con el objetivo de conformar un frente común y una alianza comunitaria maya peninsular.
Durante la asamblea, realizada el pasado 5 de mayo, fueron nombrados Santiago Couoh Abán y Eduardo Balam Cupul como representantes de la comunidad para encabezar la defensa del patrimonio cultural maya dentro del proceso judicial que actualmente se sigue en el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
Asimismo, la comunidad designó como asesores jurídicos técnicos mayahablantes a los abogados Ángel Gabriel Pool Navarro y Alfredo Caamal Huchin, quienes tendrán la función de asesorar, orientar y acompañar a la comunidad en mesas de justicia intercultural y ante las instancias correspondientes.
La asamblea también autorizó a sus representantes acudir a reuniones y procesos relacionados con la defensa de los derechos de la comunidad frente a terceros, empresas o autoridades gubernamentales, ya sea de manera individual o acompañados por sus asesores jurídicos.
Los trabajos de la asamblea fueron coordinados por el abogado Ángel Gabriel Pool Navarro, quien actualmente funge como coordinador estatal en Quintana Roo de estas acciones vinculadas a la defensa del patrimonio y la representación comunitaria maya.
El acuerdo se suma a otras asambleas comunitarias realizadas recientemente en comunidades mayas de la Península de Yucatán, en medio del debate jurídico sobre quién tiene representación legítima para defender derechos colectivos y patrimonio cultural maya ante tribunales y autoridades federales.
