La comunidad maya de Pisté, Yucatán, reclama la exclusión del exdirector del INAH, Diego Prieto, de las negociaciones por Chichén Itzá. Lo acusan de intentar dividir al pueblo al ofrecer dinero para su reubicación, afectando su autonomía y economía local frente al CATVI y Tren Maya.
La comunidad maya de Pisté reclama un actor clave fuera de negociaciones
El Consejo Indígena de Gobierno de Pisté, una comunidad maya situada en el municipio de Tinum, Yucatán, ha presentado una solicitud formal para que Diego Prieto, exdirector del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), no participe en las mesas de diálogo. Estas conversaciones buscan establecer un acuerdo con los gobiernos estatal y federal sobre la administración del centro ceremonial de Chichén Itzá. La exigencia emana de un descontento generalizado entre los artesanos, guías de turistas y ejidatarios de Pisté, quienes han manifestado su absoluto rechazo a la presencia de Prieto en cualquier discusión. Para la comunidad, su inclusión es un factor de división que entorpece la búsqueda de soluciones equitativas y transparentes.
Cómo una oferta de reubicación intentó fracturar la unidad comunitaria
La razón fundamental de la demanda para excluir a Diego Prieto se centra en acciones ejecutadas antes de la inauguración del Centro de Atención a Visitantes (CATVI). Los miembros de la comunidad maya de Pisté lo responsabilizan directamente de un intento deliberado por minar su cohesión interna. Se ha documentado que Prieto propuso incentivos económicos a algunos habitantes con el objetivo de convencer a al menos 50 personas para que se trasladaran a los nuevos locales del CATVI. Esta estrategia fue interpretada por la población de Pisté como un esfuerzo calculado para provocar divisiones y debilitar la organización comunitaria. La iniciativa no solo perseguía una reubicación, sino también neutralizar la oposición a las políticas que inciden en su territorio y modo de vida ancestral.
El puesto actual de Prieto justifica su exclusión de la mesa de diálogo
La solicitud del Consejo Indígena de Gobierno de Pisté se apoya, además de las acusaciones previas, en la situación laboral actual de Diego Prieto. Dejó la dirección del INAH en julio de 2025. Posteriormente, fue designado titular de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (UCVPII), una dependencia de reciente creación dentro de la Secretaría de Cultura Federal. Sin embargo, en un comunicado de prensa emitido tras una reunión con autoridades estatales, el Consejo Indígena de Gobierno de Pisté precisó que Prieto «no tiene la acreditación, incluso con su nuevo puesto, y tampoco ha demostrado de manera documental que haya sido ‘comisionado’ por la presidenta para este fin». La ausencia de una acreditación formal para participar en estas negociaciones refuerza la demanda de su no intervención en las discusiones.
Demandas clave de Pisté: Dignidad, economía local y autonomía en el diálogo
Desde el lunes 18 de mayo, la comunidad de Pisté ha sostenido una protesta continua. Las manifestaciones se desarrollan tanto en la zona arqueológica de Chichén Itzá como en el CATVI, una obra integrada en el proyecto del Tren Maya. El propósito principal de esta movilización es prevenir la expulsión de los habitantes del centro ceremonial y alcanzar acuerdos equitativos. La población ha enfatizado que una eventual expulsión y reubicación forzada generaría un daño económico considerable, afectando de manera más severa la subsistencia local que la economía a nivel estatal.
En la primera reunión celebrada con autoridades estatales, se establecieron puntos fundamentales para la agenda de diálogo:
- Discutir la posibilidad de mantener operativa la entrada original a Chichén Itzá.
- Asegurar que no se ejercerá intimidación, represión o persecución alguna contra el pueblo maya.
- Realizar las mesas de diálogo en Valladolid. Esta petición se justifica por el alto coste de traslado y el tiempo que implicaría para los representantes comunitarios viajar a la capital de la entidad.
La comunidad maya de Pisté reafirma su posición inquebrantable: se niegan a ser trasladados al CATVI. Argumentan que este espacio no ofrece las condiciones de dignidad ni la habitabilidad necesarias para el desarrollo de sus actividades laborales y culturales.
