Redacción/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- Reformas al Sistema Estatal Anticorrupción y modificaciones en materia de defensoría pública y derechos humanos fueron turnadas y aprobadas este lunes por la XVIII Legislatura, como parte de un paquete legislativo impulsado por el grupo parlamentario de Morena para reorganizar la estructura institucional del estado bajo criterios de austeridad, transparencia e inclusión.
Las iniciativas, leídas durante la sesión ordinaria número 29, buscan “consolidar instituciones más eficientes, transparentes y cercanas a la ciudadanía”, mediante ajustes tanto constitucionales como legales al funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción.
La primera propuesta plantea reformar el artículo 161 de la Constitución local para trasladar aspectos procedimentales a leyes secundarias, con el argumento de simplificar el texto constitucional y darle mayor claridad normativa.
Te puede interesar: PLAN B ELECTORAL: Prevé Congreso de Quintana Roo aprobar armonización antes del 31 de mayo
Uno de los cambios centrales es la incorporación formal del Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, bajo la premisa de fortalecer el acceso a la información pública como herramienta de vigilancia ciudadana y detección de actos de corrupción.
De manera paralela, la segunda iniciativa propone modificar la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo para adecuar su operación a principios de racionalidad administrativa y austeridad republicana.
Entre los ajustes planteados destaca la reducción de cinco a tres años del periodo de la Comisión de Selección encargada de nombrar al Comité de Participación Ciudadana (CPC), con el objetivo de agilizar procesos y evitar periodos prolongados de inactividad.
Además, se establece que dicha comisión deberá integrarse con perfiles académicos y representantes de la sociedad civil, garantizando el cumplimiento de la paridad de género.
En la misma sesión, el Congreso aprobó reformas a la Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo para incorporar lenguaje incluyente y no sexista en su marco normativo.
De acuerdo con el dictamen, las modificaciones buscan visibilizar a todas las personas y contribuir a eliminar estereotipos que profundizan brechas de desigualdad entre hombres y mujeres.
También fueron aprobadas reformas a la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, mediante las cuales se amplía la competencia del organismo para investigar presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por cualquier autoridad o persona servidora pública estatal o municipal.
La reforma incorpora además lenguaje inclusivo y neutro en toda la legislación del organismo y establece la igualdad sustantiva como principio rector obligatorio en sus resoluciones y procedimientos.
